El abogado Víctor Mosquera Marín, en representación de la familia del asesinado senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, radicó una queja formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y fiscales. Según el documento, el mandatario colombiano ha interferido indebidamente en la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con Mosquera, los pronunciamientos del presidente carecen de sustento probatorio y constituyen un riesgo para la autonomía judicial. “Exigimos que el presidente se abstenga de teorizar o formular afirmaciones sin respaldo jurídico, pues sus declaraciones lesionan la independencia judicial y afectan el desarrollo de las investigaciones”, sostuvo el abogado.

La familia Uribe Turbay reaccionó con indignación a las hipótesis lanzadas por el presidente Petro sobre las posibles causas del asesinato. En agosto, el jefe de Estado sugirió que el crimen podría estar relacionado con un negocio de esmeraldas, y semanas después lo vinculó con mafias internacionales con intereses políticos.

Para los familiares, esas afirmaciones son “inaceptables” y constituyen una ofensa a la memoria de Miguel Uribe. “No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas ni que siga calumniando el apellido de mi familia con el perverso invento del negocio de las esmeraldas”, manifestó Miguel Uribe Londoño, padre del dirigente asesinado.

La querella también incluyó un llamado a la comunidad internacional para que se brinden garantías a los fiscales encargados del caso y se aceleren las investigaciones contra los responsables materiales e intelectuales del crimen.

“El respeto a la independencia judicial no constituye una opción política, sino una obligación democrática y constitucional en Colombia”, recalcó Mosquera.

El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio durante un mitin político en Bogotá, sigue siendo uno de los hechos más graves de violencia política de los últimos años en el país. El caso continúa en etapa de investigación, ahora bajo la lupa de instancias internacionales.