La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a doce exmilitares del Batallón La Popa de Valledupar a sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años por su responsabilidad en 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridos entre 2002 y 2005 en el norte del Cesar y el sur de La Guajira.

La magistrada ponente, Ana Manuela Ochoa Arias, explicó que los uniformados fueron hallados culpables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo homicidio en persona protegida, desaparición forzada, tortura y persecución.

La sentencia incluye monitoreo electrónico durante el tiempo de sanción y la participación en proyectos restaurativos como construcción de memoriales, apoyo a centros culturales, obras comunitarias y adecuación de espacios productivos en coordinación con comunidades indígenas y afrodescendientes.

El subcaso Costa Caribe, dentro del macrocaso 03 de la JEP, documentó un patrón criminal sistemático en el que los militares ejecutaban civiles para presentarlos como bajas en combate, recibiendo condecoraciones y beneficios a cambio.

La mayoría de las víctimas eran jóvenes entre 18 y 34 años, campesinos, indígenas o afrodescendientes, seleccionados por su vulnerabilidad económica y social. Además, la investigación identificó dos patrones de criminalidad: la connivencia con grupos paramilitares y el ataque a personas en situación de vulnerabilidad.

La JEP documentó los impactos multidimensionales de estos crímenes sobre las víctimas y sus familias, incluyendo trauma psicológico, aislamiento, depresión, desescolarización, desplazamiento forzado, pérdida de oportunidades laborales, afectaciones al patrimonio y daño a la memoria y buen nombre de las personas afectadas. También se reconocieron daños al territorio y al medio ambiente, incluyendo lugares sagrados y cambios en los usos del suelo.

Entre los condenados se encuentran los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez; los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia y José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas; y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto. La JEP aplicó rebajas a quienes ya habían cumplido condenas previas o medidas de aseguramiento.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, enfatizó la necesidad de no desconocer los hechos: “Ninguna sociedad puede tolerar, justificar ni negar estos crímenes internacionales. No podemos caer en el negacionismo histórico. Sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia”.

La sentencia marca la segunda aplicación del modelo de justicia restaurativa de la JEP en Colombia, luego de la condena a siete exjefes de las FARC, y busca establecer mecanismos de reparación simbólica y social para las comunidades afectadas.