La designación de Juan Carlos Florián como cabeza del Ministerio de Igualdad volvió a generar debate luego de que el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) actualizara su hoja de vida. En el documento, Florián figura con el género “masculino”, lo que provocó críticas de la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, quien considera que se trata de una maniobra que afecta la ley de paridad y la participación de las mujeres en cargos públicos.

“Ni pena les da. ¿Ahora ya no es una persona marica? ¿Ahora sí acepta que es un hombre? Hoy vuelven a publicar la hoja de vida de Florián y por arte de magia acepta que es un hombre, esto demuestra cómo se burlan de la participación de las mujeres, de la ley de paridad”, escribió Miranda en su cuenta de X.

El debate surge después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente el nombramiento de Florián por posibles violaciones al principio de paridad, al no garantizar que al menos el 50 % de los cargos ministeriales de alto nivel estén ocupados por mujeres.

La controversia no se limita al cumplimiento de la paridad, sino que también toca el reconocimiento de identidades de género diversas dentro de la administración pública. Florián había explicado en agosto, durante el pódcast A Pelo, que se nombra en femenino porque es “una persona y soy una marica”, aunque aclaró que no se identifica como gay.

Para Miranda y otros congresistas, como Cathy Juvinao, no se cuestiona la identidad de Florián, sino la coherencia de la estrategia política del Gobierno, que al presentar al funcionario ahora como hombre, consideran que el Ejecutivo busca sortear las exigencias de la ley de paridad.

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El nombramiento de Florián ha estado marcado por varios episodios: la renuncia de Carlos Rosero, la polémica sobre la paridad y, ahora, la actualización de la hoja de vida. Mientras tanto, el Ministerio de Igualdad continúa sin dirección definitiva, y la tensión entre el Ejecutivo y el Congreso persiste.

El caso refleja la complejidad de implementar políticas de inclusión y paridad en cargos públicos, al tiempo que pone sobre la mesa la discusión sobre cómo la identidad de género y las normas legales interactúan en el diseño de la administración estatal.