El presidente de la Cámara de Representantes, Julián David López, pidió a la Corte Constitucional un nuevo plazo para remitir las actas de las sesiones extraordinarias en las que se discutió la reforma pensional. El trámite es clave para que el alto tribunal determine si se corrigieron los vicios señalados durante el debate legislativo.

La solicitud, fechada el 12 de septiembre y enviada a la secretaria general de la Corte, Andrea Liliana Romero, argumenta que el volumen de información pendiente de compilar obliga a ampliar el tiempo de entrega. El oficio responde a un auto del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien el 9 de septiembre había ordenado enviar la certificación de esas actas en un plazo de dos días hábiles.

El retraso se concentra en el acta de la plenaria del 27 de junio, en la que se anunció la discusión del proyecto. Pese a cinco intentos en tres meses, los congresistas no han aprobado el documento, alegando que ese día no hubo quórum decisorio para votar el orden del día, lo que, según ellos, constituye un nuevo vicio en el trámite. En contraste, el acta del 28 de junio sí fue avalada por la corporación.

La Corte Constitucional ha reiterado en varias ocasiones que las dos actas son indispensables para completar el expediente. El magistrado ponente ha insistido en que la ausencia de estos documentos “impide contar con un acervo probatorio completo y fidedigno” para evaluar la validez de la Ley 2381 de 2024.

Tres meses de retrasos y presión judicial

El 5 de septiembre, López había anunciado en su cuenta de X que ya había remitido las actas requeridas y expresó su confianza en que la reforma fuera declarada exequible. Sin embargo, la falta de certificación sobre la plenaria del 27 de junio mantiene abierto el debate y ha llevado a la Corte a insistir en sus requerimientos.

La demora prolonga la incertidumbre sobre el futuro de la reforma pensional, aprobada en 2024 para crear el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común. La norma fue demandada por la senadora Paloma Valencia, quien denunció irregularidades en su trámite en la Cámara.

Por ahora, la Corte Constitucional deberá decidir si concede la prórroga solicitada o si adopta medidas adicionales frente al incumplimiento. El desenlace definirá si la reforma pensional se mantiene en pie o si queda anulada por vicios insubsanables en su aprobación.