Colombia enfrenta la posibilidad de ser descertificada este lunes por Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico, una medida que pondría en juego la cooperación bilateral y que se da en medio de tensiones diplomáticas y un despliegue militar norteamericano en el Caribe.

La certificación, vigente desde 1986, es un examen anual que determina si los países productores y distribuidores de drogas cumplen con los compromisos en la materia. En el caso colombiano, este aval asegura cerca de 380 millones de dólares por año en recursos. “Estamos trabajando hasta el último momento. La decisión aún no se ha tomado y lo hacemos por convicción”, afirmó el embajador en Washington, Daniel García Peña Jaramillo.

En los últimos días, el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, sostuvieron reuniones en Washington buscando evitar una decisión adversa.

Colombia ya había sido descertificada en 1996, durante el gobierno de Ernesto Samper, en medio del escándalo por los presuntos aportes del Cartel de Cali a su campaña presidencial. Aquella decisión marcó un punto de quiebre en las relaciones bilaterales y derivó en fuertes restricciones para la cooperación.

Entre 2000 y 2018, Estados Unidos destinó más de 10.000 millones de dólares al país a través de programas militares, sociales y de erradicación de cultivos ilícitos.

Desde 2022, el presidente Gustavo Petro suspendió la erradicación forzada de coca y ha insistido en cambiar el enfoque de la política antidrogas. Actualmente, Colombia tiene unas 253.000 hectáreas sembradas y produce más de 2.600 toneladas de cocaína al año, según cifras de la ONU.

La tensión con Washington se profundiza además por los roces entre Petro y Donald Trump, motivados por críticas a la política migratoria y por la operación en la que un buque estadounidense atacó una lancha proveniente de Venezuela en el Caribe, dejando 11 muertos.

El gobierno colombiano insiste en que una descertificación fortalecería a los grupos ilegales. La decisión de la Casa Blanca definirá si se mantiene la cooperación en un momento en el que la seguridad interna atraviesa su mayor desafío desde la firma del acuerdo de paz de 2016.