El presidente Gustavo Petro cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó suspender provisionalmente el nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad y Equidad. El mandatario afirmó que la medida es “innecesaria y homofóbica” y defendió que su gabinete ya cumple con la Ley de Cuotas.

La suspensión recayó sobre el Decreto 0892 de 2025, en respuesta a una demanda que advertía un posible incumplimiento de la norma que exige que al menos el 50 % de los ministerios estén ocupados por mujeres. El tribunal aceptó la petición mientras se define de fondo la legalidad de la designación.

Petro rechazó el fallo al señalar que desconoce derechos fundamentales. “Con Juan siendo hombre, mujer o ambas cosas, hay paridad en mi gabinete”, expresó en su cuenta de X. También advirtió que la medida limita la libertad personal y de género. “Si una persona siente que es hombre o mujer, ese es su derecho y nadie puede obligar a lo contrario”, sostuvo.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la posición del Gobierno. Recordó que con la reciente designación de Gloria Patricia Perdomo como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ejecutivo cumple la paridad exigida. “La demanda quedó sin piso y el Gobierno está dentro de la ley de cuotas”, indicó.

Juan Carlos Florián también se pronunció tras el fallo. Señaló que se identifica con el género fluido y cuestionó que la norma sobre paridad no contemple otras identidades. “La ley de cuotas es binaria y deja por fuera a quienes no nos reconocemos como hombres o mujeres. Es momento de que Colombia abra este debate”, afirmó.

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Florián llegó al Ministerio de Igualdad después de la salida de Carlos Rosero, quien estuvo en el cargo menos de cinco meses. La cartera había sido liderada inicialmente por la vicepresidenta Francia Márquez, que se apartó en febrero tras tensiones políticas con el presidente.

La discusión sobre la suspensión aún no se resuelve de fondo en los estrados judiciales. Mientras tanto, el caso mantiene abierto un debate sobre la aplicación de la Ley de Cuotas y el reconocimiento de identidades diversas en los altos cargos del Estado.