El Parlamento Europeo emitió una resolución en la que condena enérgicamente el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, así como la creciente violencia política que afecta al país. La Eurocámara advirtió que estos hechos no son aislados, sino parte de un clima de intimidación que ha impactado la cohesión social y la estabilidad democrática en Colombia.

En el documento, aprobado con 355 votos a favor de 543 posibles, los eurodiputados destacan los recientes atentados en Cali y Amalfi, así como otros ataques contra políticos, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. La resolución subraya la necesidad de que las autoridades colombianas investiguen no solo a los autores materiales, sino también a los instigadores y facilitadores de estos crímenes.

El Parlamento Europeo criticó las declaraciones de la presidencia y otros actores políticos, señalando que han contribuido a intensificar la polarización, la violencia política y los discursos de odio. Por ello, instó a los dirigentes colombianos y a la sociedad civil a actuar con responsabilidad, reforzar la seguridad y evitar comentarios que agraven la tensión política.

Investigación al crimen organizado

La resolución también mostró preocupación por la consolidación de grupos criminales en la frontera con Venezuela, en particular el Cartel de los Soles, que según el texto sirve como corredor para narcotráfico, lavado de dinero y contrabando de armas. El Parlamento Europeo pidió a Colombia investigar la financiación de estos grupos y enjuiciar a quienes los apoyan dentro del país.

Asimismo, los eurodiputados solicitaron actualizar la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea para incluir al Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y el Cartel de los Soles. Señalaron que esto es clave para reforzar la cooperación internacional, cortar sus redes financieras y proteger a la población civil.

La Eurocámara alertó sobre el aumento de ataques contra candidatos en 2025, advirtiendo que podría poner en riesgo las elecciones presidenciales de 2026. Por ello, pidió a las autoridades garantizar comunicación institucional transparente, recursos adecuados para los organismos electorales y medidas de seguridad robustas.

Finalmente, la resolución solicitó que el documento sea enviado a la ONU, la OEA y al Congreso colombiano, con el fin de reforzar la cooperación internacional y la protección de los derechos humanos en el país.