El Gobierno Nacional oficializó la clasificación del Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), como Grupo Armado Organizado (GAO). La decisión fue formalizada mediante la Resolución 294 del 5 de septiembre de 2025, firmada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, con facultades delegatarias.

La resolución se sustenta en la Ley 1908 de 2018, que establece los criterios para designar a una organización como GAO. Entre estos se incluyen la existencia de un mando responsable, la capacidad de ejercer control territorial y la realización de operaciones militares sostenidas y coordinadas.

El documento precisa que, en los acercamientos del Gobierno con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el grupo ha solicitado mantener su autodenominación de Ejército Gaitanista de Colombia. Además, la caracterización realizada por el Ministerio de Defensa indica que la organización cumple con los criterios para ser objeto de aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

La resolución también señala que, tras evaluar diferentes circunstancias y obtener la calificación de Alto Nivel, contemplada en el Decreto 2655 de 2022 como Estructura Armada Organizada de Alto Impacto, se tomó la decisión de reconocer formalmente al EGC como GAO. Esto permitirá ajustar la normativa necesaria para que el grupo participe dentro del Espacio de Conversación Socio Jurídico, un mecanismo que se adelanta fuera del país para gestionar su vinculación y obligaciones legales.

Implicaciones legales

Con la designación como Grupo Armado Organizado, el Ejército Gaitanista de Colombia queda sujeto al cumplimiento del DIH, lo que implica responsabilidades específicas frente a la población civil y el marco legal internacional. La resolución establece, además, que la medida busca formalizar el estatus del grupo en los mecanismos de diálogo y negociación del Estado, manteniendo un control jurídico sobre sus acciones.

El ministro Benedetti, al firmar la resolución con facultades delegatarias, asegura que la decisión se ajusta al marco normativo vigente y proporciona claridad sobre la naturaleza y responsabilidades del EGC en el contexto de los procesos de seguridad y justicia del país.

La clasificación del grupo se da en un contexto de seguimiento a las estructuras armadas en Colombia y en medio de esfuerzos del Gobierno por fortalecer el marco legal que regula los espacios de diálogo con organizaciones con control territorial y capacidad operativa.