La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, manifestó este lunes su preocupación por el proyecto de ley 193 de 2025, presentado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), que según ella podría otorgar facultades extraordinarias al ministerio sobre los medios de comunicación.

Valencia señaló que el artículo 10 del borrador contempla la posibilidad de que MinTIC ejerza inspección, vigilancia y control sobre proveedores de infraestructura de telecomunicaciones y, eventualmente, sobre medios de comunicación. La congresista advirtió que, de aprobarse estas disposiciones, podrían afectar la independencia de los medios y la libertad de prensa, especialmente en plena época electoral.

La parlamentaria también cuestionó la inclusión de una tarifa adicional del 30 % al internet fijo, que, según explicó, permitiría recaudar cerca de medio billón de pesos al año. Valencia defendió la idea de subsidiar el acceso a internet de comunidades vulnerables, pero consideró que la tarifa planteada sería elevada.

En su declaración, Valencia expresó que los criterios de aplicación de estas facultades los establecería el propio Gobierno, y señaló que, por Constitución, esa competencia corresponde al Congreso. “Solo el Congreso puede fijar esos parámetros”, afirmó, subrayando la necesidad de mantener límites a la discrecionalidad gubernamental en la regulación de los medios.

El proyecto de ley 193 de 2025, de acuerdo con información de la senadora, permitiría al Fondo TIC ejecutar inversiones por aproximadamente 1,2 billones de pesos en 2025, recursos que podrían destinarse a otras necesidades tecnológicas y sociales.

En otro frente, Valencia criticó recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, calificando su postura como cuestionable en términos de manejo de cargos públicos y nombramientos dentro del Gobierno. La congresista destacó la importancia de garantizar transparencia en los procesos de designación y en la gestión de la administración pública.

El proyecto de ley actualmente se encuentra en la Comisión Primera del Senado, pendiente de revisión y discusión pública. Autoridades y legisladores tendrán la oportunidad de analizar su alcance antes de cualquier decisión de trámite legislativo.