El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió este domingo la pronta liberación de 45 militares que permanecen retenidos por una comunidad en zona rural de El Tambo, Cauca, tras una asonada que involucró a varias centenas de personas.

El incidente se produjo en la vereda Los Tigres, donde inicialmente 72 uniformados de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 fueron privados de la libertad mientras adelantaban operaciones de la Operación Perseo II en el Cañón del Micay. Según el Ministerio de Defensa, cerca de 600 personas habrían participado en la retención, considerada un secuestro y obstrucción de funciones públicas.

Sánchez responsabilizó directamente a las disidencias de alias “Mordisco” y a la estructura conocida como “Carlos Patiño” de incentivar la participación de la población civil en los hechos. “Lo que hace el cartel de alias Mordisco es un delito de lesa humanidad que no prescribe y será perseguido por la justicia internacional”, señaló el funcionario en un comunicado oficial.

Ejército confirma retención parcial de los uniformados

De los 72 soldados inicialmente retenidos —tres oficiales, cuatro suboficiales y 65 soldados—, varios fueron liberados tras mediación, pero 45 permanecen bajo custodia. Las autoridades militares informaron que se mantienen los canales de diálogo con líderes locales para garantizar la liberación sin incidentes.

El Ejército destacó que las operaciones de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4 buscan desmantelar economías ilícitas y estructuras criminales en la región, respetando el Derecho Internacional Humanitario. También aseguraron que avanzan en la identificación de los responsables con el fin de llevarlos ante la justicia.

El secuestro se da días después de que en Putumayo dos soldados fueran atacados con gasolina durante la destrucción de un laboratorio de cocaína por parte de civiles, dejando a uno de ellos en estado crítico. La retención de los 45 militares en Cauca refleja un patrón de enfrentamientos entre comunidades locales, grupos armados y las fuerzas de seguridad en zonas estratégicas para el narcotráfico.

El Gobierno reiteró su compromiso de proteger la vida e integridad de los uniformados y advirtió que el delito no quedará impune. Las autoridades continúan monitoreando la situación y fortaleciendo la presencia militar en la región.