El presidente Gustavo Petro manifestó su inconformidad con la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, señalando que la votación debería haber sido pública y cuestionando a los miembros de su bancada que votaron de manera diferente a la postura del Gobierno.

El mandatario utilizó su cuenta en X para señalar que “jamás una bancada progresista en un Congreso o parlamento debe hacer uso del voto secreto, así la norma lo permita. No tiene nada que ocultar y la democracia debe ser transparente. Les solicito no hacer uso del voto secreto, y mostrar de manera pública su voto”. Agregó que el secreto, en su opinión, “es de las mafias” y aclaró que los congresistas que se aparten de los lineamientos del movimiento no perderían el derecho al voto, sino que podrían ser excluidos del partido.

Las críticas de Petro surgieron luego de que en redes sociales circularan imágenes de senadoras del Pacto Histórico, Gloria Flórez y Sandra Ramírez (Partido Comunes), celebrando la elección de Camargo. Según el mandatario, estos hechos evidencian la necesidad de coherencia y compromiso con los principios del movimiento progresista. “Quien represente el movimiento progresista sabe que debe ser coherente, firme, que arriesga, y que el futuro está con nosotros si no abandonamos los fundamentos de la ciencia”, escribió Petro.

El presidente también aprovechó sus mensajes para reiterar la pertinencia de una reforma constituyente que permita fortalecer la justicia y reducir prácticas de clientelismo en el proceso de elección de magistrados. Señaló que la forma en que se elige un magistrado actualmente “produce una estela de clientelismo en sus últimos años para llegar a esa posición” y defendió la necesidad de cambios estructurales en el sistema judicial y social del país.

Además, Petro reiteró su rechazo a otros temas de la agenda política, incluyendo la privatización de aeropuertos y el viaje de alcaldes a Washington, manteniendo su postura de intervención directa del Estado en asuntos estratégicos y de control sobre la política exterior de los funcionarios locales.