El Partido Cambio Radical denunció ante la Corte Suprema de Justicia a la senadora Ana María Castañeda por haber participado en la elección de magistrado de la Corte Constitucional, pese a estar bajo sanción interna que le impedía ejercer su derecho al voto.

La acción judicial fue presentada el 3 de septiembre de 2025, mismo día en que el Senado eligió a un nuevo magistrado del alto tribunal. Según la colectividad, la congresista incurrió en presuntos delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal, al desconocer la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) que había dejado sin efecto la medida cautelar que inicialmente le permitía votar.

El argumento del partido

De acuerdo con Cambio Radical, Castañeda actuó sin respaldo legal al intervenir con voz y voto en la plenaria, cuando ya estaba vigente la sanción que le impedía participar en debates y votaciones durante 12 meses. “La senadora vulneró el ordenamiento jurídico y cometió faltas penales graves”, señaló la colectividad, liderada por Germán Vargas Lleras.

El episodio generó controversia en la plenaria, pues el presidente del Senado, Lidio García, advirtió que cada congresista debía responder por las consecuencias de su decisión. Al mismo tiempo, criticó al CNE por emitir su resolución en plena sesión legislativa. “Me parece una falta de respeto que nos manden una decisión en plena votación. Esas decisiones deberían regir al día siguiente, no a quemarropa”, declaró García.

Contexto de la sanción

Castañeda, junto con el también senador Temístocles Ortega, había sido sancionada por su partido tras ausentarse en la votación de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro. Aunque ambos fueron cuestionados, la medida sobre Castañeda se resolvió justo antes de la elección del magistrado, lo que abrió el debate sobre la validez de su participación en la plenaria.

La denuncia ahora queda en manos de la Corte Suprema de Justicia, que deberá determinar si la actuación de la senadora constituye un delito o si se trató de una controversia política y disciplinaria dentro del Congreso.