Las gobernadoras de Tolima y Valle del Cauca rechazaron las acusaciones del presidente Gustavo Petro sobre supuestos desfalcos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).
En una reciente intervención, el presidente Gustavo Petro afirmó que en varios departamentos del país, incluyendo Tolima y Valle del Cauca, se estaría desviando dinero destinado al PAE. Las declaraciones generaron respuesta inmediata de las mandatarias regionales.
La gobernadora del Tolima, Adriana Matiz, respondió a través de su cuenta en X, señalando que el departamento atiende actualmente a 85.988 niños y niñas en 1.564 sedes educativas, de las cuales 1.400 se encuentran en zonas de difícil acceso. Matiz aseguró que se entregan diariamente 50.184 raciones en áreas rurales y 35.804 en zonas urbanas, con toda la información registrada y soportada documentalmente.
Sobre la contratación de operadores del PAE, la mandataria explicó que se ha realizado mediante licitación pública, siguiendo los lineamientos de la Ley 80 de 1993 y con registros en la plataforma Secop II. Matiz descartó cualquier participación de fundaciones o decisiones políticas en el proceso.
La gobernadora advirtió además sobre la necesidad de recursos adicionales para garantizar la continuidad del programa durante el último trimestre del año: “Desde el primero de octubre, las niñas y niños del Tolima se quedarían sin alimentación escolar si no se apropian más recursos. Este esfuerzo ha sido compartido entre la Nación y el departamento”, indicó.
Respuesta de la Gobernadora del Valle
En paralelo, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondió a las afirmaciones del presidente Petro resaltando que su departamento garantiza cobertura completa del PAE a 111.123 estudiantes, de cero a grado once, en todas las instituciones de municipios no certificados.
Toro destacó que el programa ha recibido una calificación de 100 sobre 100 por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y precisó que el 76 % del costo es asumido por la Gobernación, mientras que la Nación aporta solo el 24 %. La mandataria solicitó al presidente y a sus asesores revisar las cifras antes de emitir señalamientos públicos.
Además, Toro se refirió al impacto de la reforma tributaria en los ingresos de los departamentos, señalando que el aumento en los impuestos al consumo de licores y cigarrillos podría incentivar el contrabando, reduciendo los recursos destinados a salud, educación y deporte en la región.
Ambas gobernadoras insistieron en que la gestión del PAE en sus territorios ha sido transparente y eficiente, y pidieron que la discusión no se convierta en confrontación política, sino en coordinación con el Gobierno Nacional para asegurar la alimentación escolar de miles de niños y niñas.
El debate sobre la ejecución del PAE y la asignación de recursos sigue vigente, mientras los departamentos buscan garantizar que los fondos lleguen efectivamente a los estudiantes antes del cierre del año escolar.







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