El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), Alfonso Campo, radicó una ponencia en la que solicita negar la escisión del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (MAIS), decisión que impediría el reconocimiento legal del partido político Progresistas.

La iniciativa para dar vida a esta nueva colectividad ha sido impulsada por la senadora María José Pizarro y los representantes Heráclito Landínez y David Racero, quienes buscan que Progresistas se sume formalmente a la fusión de partidos de izquierda que integran el Pacto Histórico, coalición que llevó a Gustavo Petro a la presidencia en 2022.

El pronunciamiento de Campo marca un giro, pues semanas atrás había presentado una ponencia favorable a la escisión. Su decisión ahora se sustenta en el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, que prohíbe la escisión, fusión o disolución de partidos políticos cuando existe un proceso sancionatorio en curso.

El MAIS, como otros movimientos con personería vigente, enfrenta investigaciones en el CNE por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de campañas recientes. En noviembre pasado, por ejemplo, fueron abiertos cargos contra excandidatos de ese movimiento por no presentar los reportes financieros de 2023, situación que se hace extensiva al partido.

Panorama en el CNE

La decisión final recaerá en la Sala Plena del CNE, donde la ponencia necesitará al menos seis de los nueve votos para prosperar. En el tablero político interno, se proyecta que las magistradas Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez respalden a Progresistas, con la posibilidad de un tercer apoyo del magistrado Altus Baquero.

Sin embargo, el ambiente es incierto. De mantenerse la línea planteada por Campo, la conformación del nuevo partido podría quedar bloqueada, afectando los planes de consolidación del Pacto Histórico como fuerza unificada de cara a las próximas consultas electorales.