La Procuraduría General de la Nación ratificó este martes la sanción disciplinaria contra el excanciller Álvaro Leyva, en segunda instancia, por presuntas irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes. El fallo, firmado por el procurador general Gregorio Eljach, destituye al exministro de Relaciones Exteriores y lo inhabilita para ocupar cargos públicos durante 10 años.

La decisión cierra definitivamente el proceso en el ámbito disciplinario, pues no admite recursos adicionales.

La investigación determinó que Leyva declaró desierta la licitación pública pese a que el único oferente cumplía con todos los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones. Para la Procuraduría, esta decisión careció de fundamento legal y desconoció el deber de selección objetiva que rige la contratación estatal.

El fallo subraya que la actuación del entonces canciller vulneró los principios de transparencia, economía y responsabilidad, calificando la conducta como falta gravísima cometida con dolo.

Con la confirmación en segunda instancia, la sanción adquiere carácter definitivo y se convierte en un precedente disciplinario relevante. Leyva, quien había sido una de las figuras políticas más visibles del actual gobierno en temas de paz y relaciones exteriores, queda inhabilitado para ejercer funciones públicas por una década.

El proceso se originó en medio de la polémica por el manejo del contrato de pasaportes, un tema que llegó a tensar la relación entre el Ejecutivo y la Registraduría Nacional.

Además de este fallo disciplinario, Leyva ha sido mencionado en otros escenarios judiciales. La Fiscalía General de la Nación mantiene una indagación preliminar tras la revelación de audios en los que presuntamente se hablaba de acercamientos con terceros para afectar al Gobierno Nacional. Aunque esa investigación sigue en curso, la sanción de la Procuraduría refuerza el escrutinio sobre su papel como alto funcionario.

Un precedente en la contratación estatal

La Procuraduría concluyó que el entonces ministro no actuó con el objetivo de proteger el interés público, sino que se apartó de la normatividad vigente. Para el ente de control, la decisión de declarar desierta la licitación, con el argumento de que había un único oferente, desconoció los parámetros legales establecidos y puso en riesgo la continuidad de un servicio esencial.

Con este fallo en firme, se cierra el capítulo disciplinario del caso de pasaportes y se envía un mensaje claro sobre la obligación de respetar los principios de la contratación estatal, aun en escenarios de baja concurrencia de oferentes.