La Corte Constitucional, a través del despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, otorgó tres días adicionales a la Cámara de Representantes para entregar las actas oficiales de las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio, necesarias para definir la constitucionalidad de la reforma pensional. La decisión deja en pausa, una vez más, el futuro de la Ley 2381 de 2024.

El alto tribunal subrayó que no basta con videos o certificaciones parciales para acreditar los trámites legislativos. Según el auto, las actas firmadas y publicadas en la Gaceta del Congreso son el único soporte válido para verificar si la Cámara subsanó correctamente los vicios de procedimiento que llevaron a devolver la reforma.

“La carencia de las actas aprobadas y publicadas no puede suplirse de manera ordinaria mediante registros audiovisuales, resúmenes o certificaciones parciales”, enfatizó la Corte.

El análisis de constitucionalidad de la reforma pensional sigue “congelado” hasta que se reciba la documentación. La Corte recordó que no puede avanzar en una decisión de fondo sin todo el material probatorio completo, pues se trata de un asunto urgente y de alto impacto nacional.

La reforma pensional, una de las banderas del Gobierno Petro, enfrenta así otro retraso en su trámite judicial, lo que prolonga la incertidumbre sobre su implementación.

La prórroga solicitada

El presidente de la Cámara, Julián López, había pedido formalmente la ampliación del plazo el pasado 29 de agosto, aún dentro del término inicial de tres días hábiles. La Corte accedió a esa solicitud al considerar la necesidad de garantizar la integridad del control constitucional.

En particular, se requieren las actas correspondientes al 27 de junio, cuando se intentó corregir el vicio de trámite que afectó el paso del proyecto en la Cámara.

Con esta nueva extensión, el fallo sobre la constitucionalidad de la reforma pensional queda pendiente. La Corte insiste en que solo con la documentación oficial podrá pronunciarse sobre si el trámite legislativo cumplió o no con los parámetros establecidos en la Constitución.

El futuro de la reforma, por ahora, sigue en suspenso, a la espera de que el Congreso cumpla con la entrega de la información exigida.