El presidente Gustavo Petro aseguró que durante su gobierno los bienes incautados a narcotraficantes se destinan a campesinos, universidades y organizaciones sociales, y denunció que en la administración anterior gran parte de estos activos habría sido entregada a allegados de políticos y mafias.

A través de su cuenta en X, Petro defendió la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), afirmando que esta entidad concentra “las propiedades de los mafiosos, extinguidas por la justicia y vueltas propiedad pública o en proceso”. Señaló que, en contraste con su gobierno, en la administración de Iván Duque se habrían repartido cerca de 1.000 propiedades a un abogado cercano al expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, en lo que denominó “cupos de devolución de bienes a narcos y políticos”.

El 29 de agosto de 2025, la SAE reportó que, durante una diligencia en Medellín con acompañamiento de la Policía Nacional, fue capturado en flagrancia el abogado Enrique León Machado, vinculado a testaferros del Clan del Golfo. En el inmueble bajo investigación se encontraron documentos exclusivos de la SAE, como listados de folios de matrícula inmobiliaria, registros de asignación de bienes y nombres de funcionarios.

El detenido fue presentado ante la Fiscalía en Itagüí para la legalización de su captura. La SAE, liderada por Amelia Pérez, rechazó los hechos, solicitó una investigación rigurosa y reiteró su compromiso con la transparencia en la gestión de los activos extinguibles por la justicia.

Redes de control de bienes

Según el mandatario, los documentos hallados configuran una “estructura paralela de control de activos”, que operaba como una SAE alterna, intermediando entre políticos y narcotraficantes. Petro comparó el caso con el del hacker Carlos Escobar y aseguró que estas redes manejaban cuotas de bienes para políticos y mafias.

En contraste, el presidente destacó que los bienes actualmente se destinan a fortalecer programas sociales y educativos: “El gobierno del cambio cogió los bienes que eran de los narcos y los está entregando a campesinos, universidades, organizaciones populares y juveniles”.

Este caso evidencia la complejidad en la gestión de activos incautados y pone sobre la mesa la necesidad de mecanismos de control más rigurosos para evitar el uso irregular de bienes públicos.