El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó este lunes 1 de septiembre en la Secretaría de la Cámara la nueva Ley de Financiamiento, que busca recaudar $26,3 billones. La propuesta llega con pocas posibilidades de avanzar y en medio de un Congreso dividido frente al alcance del proyecto.

El Gobierno ha reiterado que los alimentos de la canasta familiar no serán gravados con IVA. En su lugar, el incremento del impuesto se concentrará en licores, que pasarían del 5% al 19%, y en productos como tabaco. También se contemplan tributos al carbono, a hidrocarburos y carbón, además de nuevas cargas fiscales para plataformas de comercio electrónico e incluso iglesias.

El proyecto enfrentará un debate intenso en las comisiones económicas. El senador liberal y precandidato presidencial, Mauricio Gómez Amín, anunció la radicación de una ponencia negativa. Según afirmó, el objetivo es “hundir por segunda vez” la iniciativa al considerar que se traduce en más impuestos sin freno al gasto público. Recordó además que en 2025 se habrían destinado $16 billones a contratos por prestación de servicios, que calificó como favores políticos.

En el Senado, la presidencia de la Comisión Tercera está en manos de Jairo Alberto Castellanos, quien prometió dar “cristiana sepultura” tanto al Presupuesto General de la Nación (PGN) como a la tributaria, alegando un monto excesivo en ambas iniciativas. A su lado se encuentra la liberal Karina Espinosa, opositora de varias propuestas del Ejecutivo. Otros congresistas, como Liliana Bitar y Juan Pablo Gallo, también han votado en contra de los proyectos fiscales recientes.

En la Cámara, el panorama es distinto. Allí la Comisión Tercera está presidida por el representante verde Wilmer Castellanos, aliado del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y la vicepresidencia la ocupa Saray Robayo. Ambos han mostrado respaldo a iniciativas del Gobierno, lo que anticipa un pulso cerrado en la discusión.

Presupuesto en revisión

Paralelo a la tributaria, el Congreso debate el Presupuesto General de la Nación para 2026, calculado en $557 billones. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que se requiere un ajuste de $45,4 billones —equivalente al 2,4% del PIB— para cumplir la meta de déficit fiscal establecida. Este ajuste supera en $6,1 billones la proyección realizada por la misma entidad en agosto, debido al incremento esperado en pensiones y gastos de personal.

El Gobierno aún no ha entregado el detalle de sus proyecciones de gasto primario, lo que dificulta comparar cifras con los cálculos del CARF. Entre tanto, el Congreso se prepara para una discusión que marcará el rumbo de las finanzas públicas en un año electoral.

La suerte de la reforma tributaria y del presupuesto dependerá de los consensos que logre construir el Ejecutivo en unas comisiones profundamente divididas.