El Procurador General, Gregorio Eljach, presentó un decálogo de advertencias para que los servidores públicos no intervengan indebidamente en política, con el fin de garantizar la “Paz Electoral” de cara a las elecciones de 2026.

Eljach hizo el anuncio durante el Congreso Nacional de Minería 2025, realizado en Cartagena, y aclaró que las medidas no solo aplican a funcionarios de cualquier nivel, sino también a particulares que ejercen funciones transitorias del Estado, como notarios o administradores de recursos públicos. “Se trata de una vigilancia estricta; que no haya aprovechamiento de la posición dominante sobre el eventual elector”, señaló.

El decálogo establece que cualquier servidor público que incumpla las normas incurrirá en mala conducta y recibirá la máxima sanción. El Procurador hizo un llamado a la ciudadanía para ejercer control social sobre autoridades e instituciones que puedan vulnerar los procesos electorales.

Durante su intervención en el panel Seguridad y legalidad, un compromiso de la Nación, junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el Registrador Nacional, Hernán Penagos, Eljach anunció además la creación de una nueva delegada electoral encargada de asuntos técnicos, logísticos y operativos, con el objetivo de garantizar la transparencia de los próximos comicios.

Fortalecimiento institucional

El Procurador resaltó que, junto con el Contralor, Carlos Hernán Rodríguez, y el Registrador Nacional, se han reforzado los mecanismos de institucionalidad democrática para asegurar que se respete el calendario electoral. Asimismo, condenó hechos de violencia recientes, como el secuestro de 33 militares en Guaviare, y enfatizó la necesidad de proteger a la institucionalidad frente a fenómenos delictivos.

Finalmente, Eljach hizo un llamado a no usar su nombre ni su función en redes sociales con fines proselitistas. “El Procurador General no está en venta, no cede a los halagos, ni se acobarda; ese es el Procurador que tienen ustedes”, afirmó.

El decálogo busca que la ciudadanía y los funcionarios contribuyan a procesos electorales transparentes y sin interferencias indebidas, en un contexto donde la vigilancia sobre la función pública se vuelve esencial para la confianza democrática.