Luego de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el Congreso reactivó proyectos de ley que buscan que adolescentes responsables de delitos graves sean juzgados como adultos.

El caso que reavivó la discusión ocurrió el pasado 7 de junio, cuando un menor de 15 años disparó contra Uribe Turbay en Fontibón, Bogotá. El joven fue sancionado con siete años de privación de la libertad, lo que generó cuestionamientos sobre la efectividad de las penas actuales para adolescentes involucrados en crímenes graves.

Diversos congresistas han promovido iniciativas para modificar el Código Penal y la Ley de Infancia y Adolescencia. Óscar Villamizar, del Centro Democrático, afirmó que “un asesino, así sea menor de edad, no puede quedar en libertad en solo siete años. Con esta reforma buscamos que las penas sean iguales para adultos y menores que cometen delitos atroces”.

Por su parte, Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, sostuvo que “la sanción de apenas siete años es desproporcionada frente al dolor de la familia de Miguel Uribe y envía un mensaje equivocado que fortalece a las bandas criminales”. Junto con Piedad Correal, del Partido Liberal, presentaron un proyecto que apunta a que adolescentes entre 14 y 17 años que cometan homicidio, secuestro, terrorismo o abuso sexual sean juzgados como adultos.

Miguel Polo Polo, de las negritudes, también ha adelantado iniciativas similares, argumentando que los menores que actúan con dolo y sevicia no deben quedar sujetos a la misma regulación que protege a adolescentes en casos menos graves.

Objetivo de la reforma

El propósito de estas iniciativas es evitar que estructuras criminales continúen utilizando a menores para cometer delitos graves, eliminando incentivos legales que los protegen parcialmente. Según Andrés Forero, representante que apoya la medida, “distintas organizaciones criminales usan a menores precisamente por el tratamiento diferenciado ante la justicia; este proyecto busca prevenir la instrumentalización de jóvenes para cometer crímenes”.

Además, la llamada ‘Consulta Contra el Crimen’, impulsada por el precandidato presidencial y exministro del Interior Daniel Palacios, se suma a los esfuerzos legislativos para establecer penas más severas y certeras contra adolescentes implicados en delitos graves.

El proyecto iniciará su trámite en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con garantías para su discusión y posibles ajustes, en un momento en que el debate sobre justicia, menores y crimen organizado vuelve a ocupar la agenda nacional.