El Gobierno Nacional presentará este viernes 29 de agosto su proyecto de reforma tributaria, que ascenderá a 26,3 billones de pesos, la cifra más alta en un siglo, según advirtió la senadora y ponente del Presupuesto para 2026, Angélica Lozano. La iniciativa tiene como objetivo financiar un presupuesto total de 556,9 billones de pesos, pero ha despertado críticas de senadores por su elevado monto, la falta de consenso y el riesgo de mayor endeudamiento.

Durante una reunión con las comisiones económicas del Congreso, funcionarios del Ministerio de Hacienda confirmaron la fecha de radicación del proyecto. Según el ministro Germán Ávila, la reforma ajustará el IVA en productos de altos ingresos, gravará el tabaco y el alcohol, impondrá tributos al carbono y al consumo, aumentará los impuestos sobre juegos de suerte y azar en línea, incluirá gravámenes a las iglesias y elevará los tributos sobre renta y patrimonio. El Gobierno señala que estas medidas buscan avanzar hacia un sistema tributario más progresivo.

Sin embargo, senadores de oposición y ponentes del presupuesto han cuestionado la iniciativa. Angélica Lozano señaló que la reforma llega en el último año de gobierno, con bajos niveles de ejecución presupuestal y una alta dependencia de deuda, lo que podría generar pagos elevados de intereses. “El Gobierno reconoce que necesita 240 billones en nueva deuda. Esta es una cifra inflada y sobreestimada, y el riesgo es que, si no se aprueba en el Congreso, el presupuesto se expida por decreto”, advirtió Lozano.

Por su parte, el senador Carlos Meisel criticó la metodología utilizada por el Ejecutivo, señalando que asignar partidas sin un cálculo total de recursos disponibles es como “ir al mercado sin saber cuánto dinero se tiene para pagar”. También recordó que en presupuestos anteriores se incluyeron ingresos proyectados que nunca se materializaron, como 14 billones por litigios internacionales y 9 billones por lucha contra la evasión, lo que llevó a recortes y desfinanciación de proyectos.

El debate también gira en torno al nivel de impuestos que podría requerir la reforma. Meisel advirtió que la única manera de financiar un presupuesto inflado sería aumentando la carga tributaria, en un contexto donde los ciudadanos ya enfrentan altos gravámenes. En su opinión, el Ejecutivo debería concentrarse en reducir el gasto burocrático, que según estimaciones ha crecido entre un 40 % y 50 %.

Entre los congresistas, también se ha señalado la preocupación por la falta de consenso. Efraín Cepeda, expresidente del Congreso, afirmó que existe poca concertación en torno al proyecto, mientras que Enrique Cabral, exdirector de la Comisión Cuarta del Senado, coincidió con Lozano en que el Gobierno podría buscar que el presupuesto se apruebe por decreto si el Congreso rechaza la propuesta.

De acuerdo con Lozano, el principal desafío del Legislativo será fijar un monto realista que permita aprobar el presupuesto antes del 15 de septiembre, evitando la vía del decreto y asegurando un debate completo sobre las partidas presupuestales.

El viernes, cuando se presente oficialmente la reforma tributaria, comenzará un nuevo ciclo de discusión y negociaciones en el Congreso, en medio de un clima político marcado por la urgencia de definir recursos y garantizar la sostenibilidad fiscal del país.