La Corte Suprema de Justicia resolvió este miércoles acusar a los congresistas Iván Name Vásquez (Alianza Verde) y Andrés Calle Aguas (Partido Liberal), expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según el alto tribunal, ambos legisladores habrían recibido millonarios sobornos para favorecer la aprobación de proyectos legislativos clave, como las reformas pensional y de salud impulsadas por el Gobierno nacional.

De acuerdo con el expediente de 183 páginas, Name habría recibido $3.000 millones en dos entregas, los días 12 y 13 de octubre de 2023, a través de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y persona cercana al entonces presidente del Senado. El dinero fue trasladado hasta un apartamento en el edificio Bassel I, residencia del congresista.

Por su parte, Calle habría recibido $1.000 millones directamente de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Ungrd, en un apartamento en Montería el 14 de octubre del mismo año.

Los recursos provenían de un contrato de carrotanques adjudicado por la Ungrd a la empresa Impoamericana Roger SAS. Según la Corte, Olmedo López, exdirector de la entidad, y Pinilla, utilizaron anticipos del contrato para financiar los pagos a los congresistas.

La Sala de Instrucción determinó que Name destinó los dineros para la campaña al Concejo de Bogotá de su hija, María Clara Name Ramírez, mientras que Calle habría usado los recursos en las candidaturas de su hermano, Gabriel Enrique Calle Aguas, a la Gobernación de Córdoba, y de su padre, Gabriel Calle Demoya, a la Alcaldía de Montelíbano.

Ambos congresistas fueron acusados formalmente por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio. La Corte señaló que existen indicios suficientes para llevarlos a juicio y recordó que permanecen bajo medida de aseguramiento en la cárcel La Picota de Bogotá desde mayo pasado.

Si la acusación queda en firme, el proceso pasará a la Sala Especial de Primera Instancia, donde se definirá su eventual responsabilidad penal en el mayor escándalo de corrupción que ha enfrentado el Gobierno Petro hasta la fecha.