El Gobierno Nacional salió a responder tras la ponencia de más de 600 páginas radicada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada en el Consejo Nacional Electoral (CNE), que concluyó que la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022 habría superado los topes de financiación en más de $3.500 millones.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, descartó que la campaña haya violado los límites de gastos y defendió al entonces gerente, hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

“Hay que dejar bien claro que los topes nunca fueron excedidos, y que Ricardo Roa, aunque yo no estuve en la parte que tuvo que ver con la recolección o con las recolectas de dinero, estoy seguro de que Ricardo Roa nunca jamás pasó o excedió esos montos”, afirmó.

El funcionario reconoció no haber tenido un rol directo en el manejo de recursos, pero insistió en que no hubo excesos financieros.

Benedetti también recordó que existe una tutela que establece que el CNE no puede investigar directamente al presidente en ejercicio, ya que ese control corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

“Hay una tutela que dice que no se puede investigar al presidente y que el presidente tiene un fuero en este tema. Habría que ver si ese fuero también se extiende a lo que es la campaña presidencial”, señaló el jefe de la cartera política.

La ponencia en el CNE

El documento de Ortiz y Prada propone sanciones administrativas contra Ricardo Roa, otros directivos de la campaña, y los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica. También ordena compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión de Acusación de la Cámara, para que investiguen posibles delitos relacionados con financiación ilegal, fraude procesal y violación de topes.

La decisión final dependerá de la Sala Plena del CNE, donde los bloques de magistrados se encuentran divididos. El fallo requerirá al menos seis votos, lo que hace inevitable la participación de conjueces.

El choque entre la ponencia de los magistrados y la defensa del Gobierno anticipa un pulso jurídico y político de alto nivel. Mientras el CNE estudia las sanciones, desde la Casa de Nariño insisten en que nunca se superaron los topes y llaman a esperar el fallo definitivo.