Colombia vive horas de conmoción tras los atentados registrados este jueves en Cali y Amalfi (Antioquia), que dejaron un saldo de al menos 18 muertos —entre ellos 12 policías y 6 civiles— y más de 70 heridos.

En Cali, un carro bomba explotó en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez hacia las 2:50 de la tarde, causando la muerte de cinco personas, entre ellas un menor de edad, y dejando decenas de heridos. La onda expansiva destruyó viviendas, comercios y vehículos en varias cuadras alrededor del lugar, sumiendo a la capital del Valle en el caos.

De forma casi simultánea, en Amalfi, un helicóptero de la Policía Nacional fue derribado presuntamente con un dron cargado de explosivos, provocando la muerte de ocho uniformados. Las autoridades temen que se trate de acciones coordinadas por estructuras ilegales que buscan desestabilizar al Estado.

Pronunciamiento de Petro

Ante la gravedad de los hechos, el presidente Gustavo Petro condenó los ataques y los calificó como actos de terrorismo y de lesa humanidad. Según el mandatario, los responsables serían facciones armadas subordinadas a la denominada “Junta del Narcotráfico”.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por ‘Iván Mordisco’ y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias”, afirmó el jefe de Estado.

Petro pidió al Estado colombiano y a la comunidad internacional declarar a esta estructura y a sus brazos armados —entre ellos las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo— como organizaciones terroristas. Con ello, señaló, estos grupos serían “perseguibles en cualquier lugar del planeta Tierra, incluida Bogotá”.

El presidente agregó que la “Junta del Narcotráfico” es heredera del Bloque Capital de los paramilitares y que mantiene influencia en regiones como Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe. Además, anunció que su gobierno solicitará a la Corte Penal Internacional abrir investigaciones para procesar a sus líderes por delitos de lesa humanidad.

Reacciones y medidas

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, instaló un Puesto de Mando Unificado y anunció restricciones al ingreso de vehículos pesados para prevenir nuevos ataques. Por su parte, la Fiscalía General asumió las investigaciones y advirtió que no se descarta la participación de disidencias de las FARC y otros grupos armados.

El ataque en Cali generó momentos de pánico: testigos relataron que tras la explosión “todo fue gritos, vidrios rotos y gente corriendo sin saber a dónde”. La emergencia obligó a evacuar varias zonas y mantener la ciudad en máxima alerta.

En tanto, gremios económicos, organizaciones sociales y líderes políticos expresaron su rechazo a los atentados y pidieron al Gobierno reforzar la seguridad en las principales ciudades del país.

Lo ocurrido este 21 de agosto se convierte en uno de los episodios más graves de violencia urbana de los últimos años y plantea enormes retos al Gobierno en su estrategia de seguridad y paz.