El presidente Gustavo Petro anunció este jueves la expedición de una serie de decretos para enfrentar la escalada de violencia en el suroccidente del país, particularmente en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca, tras el atentado con carro bomba perpetrado en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que dejó seis personas muertas y más de 60 heridas.

Durante un Consejo de Seguridad extraordinario realizado en la capital del Valle, el mandatario calificó el ataque como “una masacre” y “un golpe brutal de terror”, señalando directamente a las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco como responsables.

Petro explicó que los decretos estarán orientados a reforzar la presencia militar y policial en municipios estratégicos como Suárez, Buenos Aires y Jamundí, con el fin de desarticular las estructuras criminales asociadas al narcotráfico en la región.

“No se trata de debilitar nuestra presencia en el Cañón del Micay, sino de extenderla hacia la parte alta de la cordillera occidental, en el valle geográfico del Valle del Cauca, para lograr una mayor pacificación del territorio”, aseguró el presidente.

Según las autoridades, la ofensiva busca frenar la producción y el tráfico de cocaína que financia a estas organizaciones ilegales.

Contexto de la violencia

El atentado en Cali estaría relacionado con las recientes operaciones militares contra la columna Carlos Patiño en el Micay, considerada una de las estructuras más poderosas del narcotráfico en el suroccidente colombiano. Estas disidencias, que en algún momento hicieron parte de las mesas de diálogo de la “paz total”, rompieron los acercamientos al negarse a abandonar sus economías ilícitas.

Petro fue enfático en que, bajo el actual escenario, “no hay ninguna posibilidad de reiniciar el diálogo” con este grupo armado.

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, quien participó en el Consejo de Seguridad junto a la cúpula militar y el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó las decisiones del Gobierno, aunque advirtió que la ciudad necesita resultados rápidos y contundentes para restablecer la seguridad.

En contraste, varios sectores críticos han cuestionado la política de “paz total”, señalando que la violencia se ha recrudecido en varias regiones del país. En redes sociales, algunos ciudadanos expresaron que las medidas llegan tarde y que el Gobierno ha permitido el fortalecimiento de los grupos ilegales.

El anuncio de nuevos decretos refleja la intención del Gobierno de recuperar el control territorial en zonas estratégicas del suroccidente colombiano. Sin embargo, la magnitud del desafío —marcado por la presencia de economías ilícitas, la expansión de las disidencias y el narcotráfico— deja en evidencia que la pacificación de la región aún está lejos de alcanzarse.