El Gobierno de Petro expresó su desacuerdo con la decisión de Nicaragua de conceder asilo político a Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), requerido por la justicia colombiana por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En un comunicado conjunto, la Cancillería y el Ministerio de Justicia recordaron que si bien Colombia respeta la figura del asilo político, este “no podrá ser invocado por personas que estén siendo procesadas judicialmente o que hayan cometido delitos comunes”.

Las autoridades colombianas advirtieron que González enfrenta un proceso penal en el país por los delitos de cohecho, peculado y lavado de activos, todos de carácter común, lo que a su juicio invalida la justificación del asilo.

El pronunciamiento enfatizó además que la decisión de Managua “desconoce lo establecido en el Tratado de Extradición entre Colombia y Nicaragua de 1929”, por el cual ambos Estados se comprometieron a entregar a las personas procesadas o condenadas en su territorio.

El presidente Gustavo Petro también reaccionó al tema y, a través de su cuenta de X, aseguró que las razones por las que el régimen Ortega-Murillo concedió el asilo son “poderosas”, y sugirió que la decisión estaría ligada al pasado de González, quien como militante del M-19 combatió en Nicaragua contra la dictadura de la familia Somoza junto al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“Carlos Ramón González fue de cuerpo entero, como parte de la comisión combatiente del M-19, a luchar en la guerra en Nicaragua contra el dictador Somoza. Los oficiales del M-19 fueron incorporados al Ejército Popular Sandinista con grados militares”, escribió Petro.

Mientras tanto, la Fiscalía colombiana sostiene que González coordinó la entrega de millonarias coimas a congresistas para asegurar apoyos legislativos durante el gobierno Petro, según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD. Por esa razón, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura y la Interpol emitió una circular roja en su contra.

Colombia reiteró que continuará insistiendo por la vía diplomática y judicial para que González sea extraditado y responda ante la justicia.