El Gobierno de Gustavo Petro y delegados del Clan del Golfo retomaron en Doha, Catar, la mesa de conversaciones en el marco de la política de “Paz Total”. El encuentro busca allanar un camino de desmovilización para más de 13.000 integrantes de la estructura armada ilegal.

El abogado Ricardo Giraldo, representante del Clan del Golfo —también denominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)—, confirmó que las reuniones avanzan “muy bien” junto al jefe negociador del Gobierno, Álvaro Jiménez. Explicó que Catar fue escogido como sede por su experiencia en mediación internacional y la neutralidad que garantiza al proceso, recordando que en 2020 el país árabe acogió las conversaciones entre Estados Unidos y los talibanes.

El Clan insiste en ser tratado como actor político y no únicamente como organización criminal, lo que ha sido uno de los principales puntos de fricción con el Ejecutivo. Pese a este debate, el Gobierno mantiene abiertos los canales de diálogo bajo la expectativa de lograr compromisos verificables de sometimiento y transformación territorial.

Avances y tensiones

Según Giraldo, Catar fue “el único país que no temió aceptar al grupo armado ilegal más grande de Colombia”. No obstante, la inteligencia militar calcula que sus filas alcanzan cerca de 7.500 miembros, responsables de tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, extorsiones, minería ilegal y control del paso de migrantes en el Darién. El grupo sostiene que son más de 13.000 sus integrantes.

La agenda no se limita a un acuerdo simbólico, ya que el Gobierno plantea intervenciones en zonas bajo control del Clan en Urabá, Córdoba y Bajo Cauca. Sin embargo, persisten tensiones por las operaciones militares que se mantienen en curso, lo que genera reclamos de los voceros armados. A ello se suma la falta de avances en el Congreso con el proyecto de ley de sometimiento, considerado clave para dar sustento jurídico a las negociaciones.

Desafíos de la “Paz Total”

Desde que Petro asumió la presidencia en 2022, los acercamientos con distintos grupos armados han tenido resultados limitados. El caso del Clan del Golfo representa una de las pruebas más complejas, pues entre 2018 y 2025 incrementó su presencia en 300 municipios, según la Fundación Ideas para la Paz.

Aunque los delegados aseguran que el proceso “va muy bien”, la sostenibilidad de los diálogos dependerá de que se logre conciliar la voluntad política, la viabilidad jurídica y el control de un grupo que mantiene una expansión activa en el territorio. El proceso continúa abierto y bajo observación, en medio de crecientes expectativas y escepticismos.