La Registraduría Nacional del Estado Civil expidió la resolución 9509 del 5 de agosto de 2025, con la que admitió la inscripción de un comité ciudadano que busca convocar un referendo para tumbar el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc en 2016, así como la política de “Paz Total”.

La solicitud de inscripción había sido radicada el pasado 29 de julio y, con esta decisión, los promotores ya pueden iniciar la recolección de firmas.

De acuerdo con la normativa, el comité deberá presentar al menos el 5 % del censo electoral vigente, es decir, 2.056.780 firmas válidas, para que la iniciativa sea considerada. A corte del 5 de agosto, el censo nacional está compuesto por 41.135.609 personas.

En caso de superar ese umbral, el referendo solo será válido si logra la participación de al menos el 25 % del censo electoral, lo que equivale a unos 10,28 millones de votantes. Si esas etapas se cumplen, la Corte Constitucional y el Congreso deberán pronunciarse antes de convocar a las urnas.

El promotor oficial de la iniciativa es el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, excandidato del Movimiento de Salvación Nacional, conocido por sus posturas críticas frente a la implementación del acuerdo.

Rocha ya había ganado notoriedad por demandar la declaratoria del sombrero de Carlos Pizarro como patrimonio cultural y, en 2016, hizo parte de la campaña por el “No” en el plebiscito sobre el Acuerdo de Paz.

“Los acuerdos, como política pública, han sido un fracaso. No hemos tenido verdad, ni justicia, ni reparación. Hoy tenemos líderes de oposición muertos, otros presos, mientras los grandes responsables de la violencia siguen impunes”, declaró Rocha a El Espectador.

Apoyos y cuestionamientos

Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, aseguró que respalda la iniciativa como víctima del conflicto, aunque no confirmó si el partido la financiará. Rocha, por su parte, insiste en que se trata de un proyecto independiente: “No tengo apoyo de nadie, ni respaldo financiero ni económico. Respetaremos los topes de financiación y jugaremos con las reglas de la democracia”.

El abogado también criticó el reconocimiento internacional del Acuerdo de Paz como modelo exitoso de transición. “Lamento que internacionalmente tengan tanto apoyo, porque internamente no lo tienen. La implementación fue un fracaso institucional y presupuestal. La comunidad internacional puede copiar nuestros errores, pero Colombia tiene derecho a corregirlos”.

El proceso de recolección de firmas se convierte en el primer gran filtro para esta propuesta, que de avanzar reabriría uno de los debates más divisivos de la historia reciente de Colombia: la vigencia del Acuerdo de Paz de 2016 y su desarrollo en el marco de la política de “Paz Total”.