El Gobierno de Colombia formalizó ante la Cancillería de Nicaragua la solicitud de extradición de Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y antiguo aliado político del presidente Gustavo Petro, señalado por la Fiscalía de ser uno de los cerebros detrás del millonario desfalco en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La gestión fue realizada a través de un correo enviado por Óscar Iván Muñoz Giraldo, encargado de negocios de la Embajada de Colombia en Managua, en el que se entregó una nota “urgente y prioritaria” al Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense. El propio presidente Petro divulgó el documento, en el que se solicita que González comparezca en Colombia dentro del proceso judicial que enfrenta por delitos de cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación.

Petro explicó que el exfuncionario había llegado a Nicaragua con autorización de la misión diplomática en ese país, cuando todavía no pesaban sobre él imputaciones ni órdenes de captura, y aseguró que ahora ha dado la orden de que sea extraditado. El Ministerio de Justicia, por su parte, informó que el trámite se inició el pasado 15 de agosto bajo el tratado de extradición suscrito entre ambos países en 1929.

La figura de González ha sido clave en el Gobierno: proveniente de la desmovilizada guerrilla del M-19, fue considerado un articulador político de confianza de Petro en la Casa de Nariño. Sin embargo, fue señalado por Sneyder Pinilla y Olmedo López, exdirectivos de la UNGRD, como el supuesto responsable de ordenar la entrega de sobornos a congresistas para asegurar la aprobación de las reformas del Ejecutivo en el Congreso.

Tras su salida de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) por los cuestionamientos, González desapareció de la escena pública. Su paradero fue un misterio hasta que una investigación periodística reveló que residía en Nicaragua desde noviembre de 2024, con el respaldo de la embajada colombiana en ese país para regularizar su situación migratoria.

El caso también salpica al senador León Fredy Muñoz, exembajador en Managua, quien admitió haber facilitado la llegada de González a Nicaragua pero defendió su actuación al asegurar que, en ese momento, no existía ninguna medida judicial en su contra.

Con la solicitud de extradición, el Gobierno busca ahora que González responda ante la justicia colombiana en uno de los escándalos de corrupción más graves del actual mandato.