La Procuraduría General de la Nación inició una indagación para determinar si funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores o de la Embajada de Colombia en Nicaragua participaron en la solicitud que permitió renovar la residencia del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, mientras enfrenta orden de captura en Colombia por su presunta responsabilidad en el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El ente de control busca esclarecer los procedimientos que habrían permitido a González obtener cédula de residencia, permiso de ingreso y acceso a recursos de la Embajada, como vehículo y vivienda oficial.

La Procuraduría incluyó inspección disciplinaria a Migración Colombia y revisión de los procesos realizados desde la Cancillería o la Embajada de Colombia en Managua.

González, señalado por la Fiscalía como el “determinador” del desfalco en la Ungrd, habría dirigido pagos ilegales a congresistas para facilitar la aprobación de reformas sociales, mediante la intermediación de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz y pagos a Iván Name y Andrés Calle. Por estos hechos, el Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura por delitos de cohecho, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos.

Trámite en Nicaragua

Documentos revelados muestran que la Embajada de Colombia, bajo la dirección del embajador Óscar Iván Muñoz, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua la renovación del estatus de residencia del exfuncionario. La carta, fechada el 21 de mayo de 2025, indica que González se encontraba en Nicaragua desde noviembre de 2024 y que desde entonces no había salido del país.

Tanto el presidente Gustavo Petro como la excanciller Laura Sarabia han negado cualquier participación en el trámite. Sarabia afirmó, “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”. Petro confirmó que solicitará a Nicaragua la extradición de González, reiterando que la justicia colombiana requiere su entrega.

La Procuraduría adelantará las investigaciones necesarias para individualizar a los posibles responsables y determinar si existieron faltas disciplinarias en los trámites realizados, en un caso que combina procesos judiciales nacionales e implicaciones diplomáticas internacionales.