El presidente Gustavo Petro anunció que pedirá formalmente al Gobierno de Nicaragua la entrega de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exfuncionario cercano a su administración, requerido por la justicia colombiana por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario afirmó, “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al Gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”. La declaración se produjo tras conocerse que González posee cédula de ciudadanía nicaragüense, otorgada mientras enfrenta un proceso penal por delitos como cohecho y peculado por apropiación.
La residencia de González en Managua ha generado controversia, pues, de acuerdo con documentos oficiales, la Embajada de Colombia en Nicaragua solicitó el 21 de mayo de 2025 la renovación de su estatus migratorio, cédula y permiso de estadía. La fecha coincide con el día en que la Fiscalía General de la Nación lo imputó por su presunto rol como “determinador” en el desfalco a la Ungrd.
Funcionarios bajo escrutinio
El trámite fue firmado por Óscar Iván Muñoz, encargado de negocios en la sede diplomática, quien reemplazó a León Fredy Muñoz tras su renuncia para asumir como senador del Pacto Histórico. Según la Cancillería colombiana, esta gestión no fue consultada ni autorizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. La excanciller Laura Sarabia también negó haber recibido información sobre la solicitud durante su administración.
Previo a esta renovación, González había residido gratuitamente en la vivienda oficial de la embajada desde septiembre de 2024 hasta febrero de 2025, periodo en el que compartió el inmueble con su esposa y personal diplomático. En ese momento, el embajador era León Fredy Muñoz, quien reconoció haberlo hospedado como “amigo” y aseguró que no existía orden de captura en su contra.

Avance judicial y proceso de captura
La Fiscalía avanza en el trámite de circular roja ante Interpol para permitir su detención internacional. Hasta ahora, la orden no ha sido emitida, lo que impide una captura inmediata fuera del territorio colombiano. El concejal bogotano Daniel Briceño anunció que interpondrá una denuncia contra Sarabia y otros funcionarios por presuntamente facilitar la permanencia de González en Nicaragua.
La investigación se desarrolla en paralelo a las indagaciones por el supuesto reparto de sobornos y contratos a congresistas para la aprobación de proyectos legislativos. El seguimiento al papel de la red diplomática y las gestiones migratorias en Managua sigue abierto, mientras se define si el exfuncionario podrá ser trasladado a Colombia para enfrentar la justicia.







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