Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y vinculado al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), habría recibido la renovación de su residencia en Nicaragua el 21 de mayo de 2025, coincidencia con la imputación de tres delitos en su contra por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Según información publicada por medios colombianos, la Embajada de Colombia en Managua envió esa fecha una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua solicitando la renovación de residencia de González, quien se encontraba en el país centroamericano desde noviembre de 2024. El Ministerio respondió el mismo día autorizando el trámite y fijando un pago para la actualización de su cédula de residencia.

El documento enviado desde la embajada indicaba, “Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, quien se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”. La carta oficial confirma la gestión del gobierno colombiano ante las autoridades nicaragüenses para asegurar la permanencia legal del exfuncionario en el país.

La cédula de residencia, expedida por la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua, estaba próxima a vencer el 14 de junio de 2025 y fue renovada en el mismo día que la Fiscalía imputó a González por cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. La defensa del exdirector del Dapre aseguró no haber tenido participación en este trámite.

Investigación y presunta participación en Ungrd

González es señalado por exdirectivos de la Ungrd como uno de los presuntos responsables del entramado de corrupción en la entidad. Según testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, habría ordenado el pago de sobornos a congresistas para facilitar la aprobación de proyectos oficiales del Gobierno Nacional. Entre los beneficiarios señalados están Iván Name y Andrés Calle, expresidentes de Senado y Cámara, respectivamente, y la exconsejera presidencial Sandra Ortiz, presunta intermediaria en la entrega de los recursos.

Las pruebas recopiladas incluyen registros financieros, comunicaciones digitales, rastreos migratorios y grabaciones de seguridad de la Casa de Nariño, que habrían documentado reuniones entre González, Ortiz y López. La Corte Suprema confirmó la validez de estas pruebas, rechazando objeciones de la defensa del exfuncionario.

A pesar de la orden de captura emitida por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, la detención internacional depende de la respuesta de Interpol, que aún no se ha pronunciado. La Fiscalía mantiene abierta la investigación y la solicitud de circular roja, mientras se continúa rastreando el paradero de González y se evalúa su posible regreso a Colombia para enfrentar el proceso judicial.

El caso evidencia la complejidad de la coordinación entre gestiones diplomáticas y judiciales cuando un exfuncionario vinculado a corrupción se encuentra en el exterior, mientras la justicia colombiana busca garantizar su comparecencia.