La excanciller Laura Sarabia aseguró que no tuvo intervención en la gestión de la residencia legal que Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), habría recibido en Nicaragua. González es investigado en Colombia por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y se encuentra prófugo de la justicia.

A través de su cuenta de X, Sarabia afirmó, “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”.

La declaración surge tras la difusión de documentos que indicarían que la Embajada de Colombia en Managua solicitó el 21 de mayo de 2025 la renovación del estatus migratorio de González ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua.

En la carta enviada desde la embajada se señalaba que González “se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y desde esa fecha no ha salido del país” y solicitaba al Ministerio de Migración y Extranjería regularizar su estado migratorio. Según los registros, el Ministerio del Interior de Nicaragua respondió el mismo día autorizando el trámite.

La fecha del documento coincide con la etapa en que la Fiscalía General de la Nación imputó a González por los delitos de cohecho, peculado por apropiación y lavado de activos. A pesar de la solicitud de circular roja ante Interpol para su captura internacional, la organización con sede en Lyon, Francia, no ha emitido respuesta, por lo que la orden de detención sigue vigente únicamente en Colombia.

Orden de captura y acusaciones

El magistrado Leonel Rogeles, del Tribunal Superior de Bogotá, señaló que González habría liderado, desde su cargo en la Dapre, un esquema de sobornos a congresistas para asegurar la aprobación de proyectos del Gobierno Nacional. De acuerdo con la investigación, el exfuncionario habría instruido a Olmedo López, exdirector de la Ungrd, para canalizar pagos ilegales a los presidentes de Senado y Cámara mediante fondos públicos de la entidad.

Por el momento, la Cancillería, bajo la dirección actual de Rosa Villavicencio, no se ha pronunciado sobre el caso ni sobre la actuación de la embajada colombiana en Managua.

La situación mantiene abiertas las preguntas sobre la coordinación entre gestiones diplomáticas y judiciales cuando un exfuncionario vinculado a corrupción se encuentra en el exterior, mientras la justicia colombiana busca garantizar su comparecencia.