El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) remitió a la Corte Constitucional la documentación solicitada en el proceso que estudia la demanda contra la Ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional. La entrega responde a la orden del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien solicitó 14 pruebas a la Cámara de Representantes y tres a la Presidencia para evaluar el trámite legislativo.

Entre los documentos enviados se encuentran antecedentes de varios decretos, copias del Diario Oficial y certificaciones de publicación. También se incluyó información sobre el itinerario del presidente Gustavo Petro durante su viaje a Francia y España, entre el 27 de junio y el 3 de julio de 2025, fechas que coinciden con momentos clave en el trámite de la reforma.

Destaca el Decreto 747 del 27 de junio de 2025, mediante el cual el Gobierno convocó al Congreso a sesiones extraordinarias para “subsanar el vicio de procedimiento” identificado por la Corte en una providencia del 17 de junio. Según el Dapre, este decreto no puede ser revisado por el alto tribunal, pues no fue demandado y solo dio cumplimiento a una orden judicial.

Junto al Decreto 747, la Presidencia remitió los decretos 733 y 737 de junio de 2025, así como el Diario Oficial 53.163. La certificación de cada documento incluyó fecha y hora exacta de publicación, tal como fue solicitado por el magistrado Ibáñez. La entrega se realizó en un paquete de 33 folios, según informó la directora de Dapre, Angie Lizeth Rodríguez.

Uno de los requerimientos clave de la Corte fue precisar si Petro salió del país el 27 de junio de 2025, durante la discusión legislativa. El Dapre confirmó que el mandatario viajó esa fecha, pero pidió que la información detallada sobre desplazamientos y horarios no sea publicada, invocando la reserva establecida en el Decreto 1081 de 2015 para proteger la seguridad y defensa nacional.

La acción pública de inconstitucionalidad contra la reforma pensional cuestiona presuntas irregularidades en su trámite, las cuales podrían invalidar la ley. Aunque el Decreto 747 buscó corregir el procedimiento señalado, su eventual constitucionalidad no será evaluada en este proceso, sino que tendría que analizarse de manera independiente, si fuera demandado.

La Corte deberá determinar si la aprobación de la reforma se ajustó a la Constitución y si las medidas adoptadas por el Ejecutivo y el Legislativo cumplieron con las exigencias legales. El resultado podría definir el futuro del nuevo sistema pensional, que modifica de forma sustancial la cobertura y el financiamiento de las pensiones en Colombia.