El Gobierno del Perú emitió un comunicado oficial en el que rechazó las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien cuestionó la soberanía peruana sobre la isla Chinería, ubicada en el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la triple frontera con Colombia y Brasil.

Según el pronunciamiento, la jurisdicción de Perú sobre la isla está respaldada por el Tratado de Límites y Navegación Fluvial de 1922, las actas de la Comisión Mixta Demarcadora de 1928 y 1930, y el Protocolo de Amistad y Cooperación de Río de Janeiro de 1934. Estos acuerdos —indicó el Ejecutivo— establecen de forma “clara y definitiva” que el territorio pertenece al Estado peruano.

Además, el Gobierno de Lima expresó su protesta por lo que calificó como “actos de provocación” realizados por ciudadanos colombianos en el poblado de Santa Rosa, en la misma isla, lo que —según advirtió— afecta la relación bilateral y la convivencia de las comunidades fronterizas.

El Ministerio Público del Perú informó que abrió una investigación preliminar contra los colombianos Jhon Wilington Amias López y Carlos Fernando Sánchez Ortegón, acusados de atentado contra la soberanía nacional. Según la versión oficial, ambos realizaban trabajos de georreferenciación en el puerto sin los permisos exigidos para actividades técnicas de carácter estratégico.

La tensión se incrementó luego de que, días antes, el exalcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero izara la bandera de Colombia en la isla Chinería, asegurando que no permitiría “perder el río Amazonas a manos de Perú”. El gesto provocó críticas en Lima y llevó al reforzamiento militar en la zona por parte de las Fuerzas Armadas peruanas.

El Ejecutivo peruano indicó que el Ejército y la Marina de Guerra aumentaron los controles e identificación de personas en el área limítrofe para prevenir incidentes. Paralelamente, instó a Colombia a cooperar para evitar hechos que perjudiquen “la histórica vinculación armónica” entre ambos países.

La isla Chinería se ubica sobre el río Amazonas, frente a la ciudad colombiana de Leticia y a pocos metros de Tabatinga, Brasil. Alberga a unos 3.000 habitantes dedicados a la pesca, el comercio y el turismo, y su ubicación estratégica la convierte en un punto clave para el transporte y las relaciones comerciales en la región.

La disputa se complica por los cambios en el cauce del río Amazonas a lo largo de los años, lo que ha generado interpretaciones distintas sobre los límites definidos en los tratados. Mientras Perú defiende que la isla es parte histórica de su territorio, Colombia sostiene que se formó después de las delimitaciones y que su estatus debe revisarse.

Aunque ambos gobiernos han expresado que la solución debe encontrarse mediante mecanismos bilaterales, el cruce de declaraciones y los recientes incidentes evidencian un aumento en la tensión diplomática en la región amazónica.