La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá revocar la condena que mantiene al expresidente Álvaro Uribe bajo detención domiciliaria, argumentando que en el fallo de primera instancia se cometieron errores graves en la apreciación de las pruebas.

El pronunciamiento se formalizó en un escrito de 81 páginas, firmado por el procurador delegado Bladimir Cuadro, en el que se cuestiona la sentencia proferida por la jueza Sandra Liliana Heredia, que impuso 12 años de prisión domiciliaria a Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal.

De acuerdo con el Ministerio Público, no existe acreditación jurídica suficiente para afirmar que Uribe ordenó a su abogado, Diego Cadena, contactar en 2018 a reclusos para obtener testimonios que lo desligaran de la presunta creación de un grupo paramilitar en Antioquia en los años noventa. Entre las evidencias cuestionadas se encuentran interceptaciones telefónicas que, según la Procuraduría, deberían excluirse por estar amparadas bajo el secreto profesional entre abogado y cliente.

El documento también advierte inconsistencias en la valoración de testimonios clave, como los de Juan Guillermo Monsalve y Carlos Enrique Vélez. Este último habría recibido dinero que la Fiscalía presentó como parte de un soborno, mientras que la defensa sostiene que Uribe desconocía esos pagos, descritos por Cadena como “aportes humanitarios”. Según el Ministerio Público, estas imprecisiones y el uso indebido de la figura de determinación penal habrían llevado a una aplicación incorrecta de la ley, que debió derivar en la absolución del expresidente.

La apelación de la defensa, encabezada por el penalista Jaime Granados, deberá presentarse antes del 13 de agosto. Los magistrados Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo serán los encargados de decidir si se mantiene, modifica o anula el fallo de primera instancia.

Uribe, condenado el pasado 1 de agosto, permanece bajo arresto domiciliario mientras se define su situación jurídica. La decisión que adopte el Tribunal no solo tendrá impacto en su futuro político y judicial, sino que podría sentar un precedente relevante en la interpretación de las garantías procesales y el alcance de las pruebas en casos de alto perfil.