El Tribunal Superior de Bogotá confirmó el impedimento presentado por el magistrado Ramiro Riaño para estudiar la tutela que interpuso la defensa del expresidente Álvaro Uribe, con el objetivo de suspender su detención domiciliaria hasta que no haya una condena en segunda instancia.
Riaño argumentó un conflicto de intereses debido a que su esposa, Luz Adriana Gutiérrez Mejía, fue nombrada fiscal local en Zipaquirá en 2013 por el entonces fiscal general Eduardo Montealegre, quien figura como víctima en este proceso judicial. El magistrado señaló que esta relación genera una “tensión entre la gratitud por aquella vinculación y la absoluta imparcialidad que demandan las decisiones judiciales”, motivo por el cual decidió apartarse del caso.
Con esta decisión, la tutela quedará en manos de los magistrados Leonel Rogeles y Aura Alexandra Rosero para su resolución. En caso de que existan diferencias en la decisión entre ellos, el magistrado Jairo José Agudelo, que se encuentra en la lista de suplentes, será el encargado de desempatar.
Este impedimento no era inesperado, pues Riaño ya se había declarado impedido en febrero pasado en un caso relacionado con la misma tutela, debido a vínculos con representantes de las víctimas. La tutela busca frenar la detención domiciliaria de Uribe mientras no se resuelva el proceso en segunda instancia, lo que ha generado un intenso debate judicial y político.
La defensa del expresidente insiste en que la privación de la libertad es prematura y pide garantías para que Uribe pueda defenderse en libertad hasta que se dicte una sentencia definitiva. Por su parte, el tribunal avanza en la revisión del caso, que ha sido foco de atención nacional por su impacto político y judicial.
