El presidente Gustavo Petro aceptó la renuncia de Lena Estrada como ministra de Ambiente, en medio de la creciente presión social por los bloqueos de campesinos y mineros en el departamento de Boyacá.

La funcionaria, que presentó su dimisión el pasado 1 de agosto, se convierte en la segunda ministra de esta cartera que deja el cargo durante la actual administración.

Estrada, reconocida por ser la primera mujer indígena en asumir ese ministerio, deja el puesto en un momento de tensión en los territorios de páramo, donde comunidades campesinas y líderes ambientales exigen garantías y una mesa de diálogo sobre la delimitación de esas zonas protegidas. Aunque tenía previsto viajar al departamento para atender personalmente la crisis, su salida fue sellada tras una jornada de definiciones en la Casa de Nariño, según confirmaron fuentes del Ejecutivo.

En su reemplazo, el Gobierno designó como ministra encargada a Irene Vélez, actual directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), quien ya tuvo un paso por el gabinete como ministra de Minas y Energía entre agosto de 2022 y julio de 2023. El decreto de encargo fue firmado por el presidente Petro este miércoles.

El relevo ocurre en medio de una coyuntura compleja para el Ejecutivo, que suma ya 60 nombramientos ministeriales distintos en menos de tres años de mandato, una cifra sin precedentes que pone de relieve la inestabilidad dentro del gabinete. La salida de Estrada, aunque esperada por algunos sectores del Gobierno, reabre el debate sobre la continuidad de políticas ambientales en zonas sensibles y sobre el manejo político del conflicto social en regiones de alto valor ecológico.

Cabe recordar que su antecesora, Susana Muhamad, renunció en febrero de este año para enfocarse en su precandidatura presidencial, dejando también un Ministerio con retos pendientes en materia de transición energética y protección de áreas protegidas.

La nueva ministra encargada, Irene Vélez, regresa así al círculo cercano de decisiones ambientales del Gobierno, en un momento donde los reclamos por la delimitación de páramos, la legalización de actividades productivas sostenibles y el cumplimiento de acuerdos ambientales con comunidades son temas urgentes en la agenda nacional.