Quedó en firme el convenio entre el Gobierno de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal para la elaboración de los pasaportes nacionales a partir del 1.° de abril de 2026. El contrato asciende a 255 millones de euros, es decir, más de 1,3 billones de pesos, y tendrá una duración de diez años, hasta 2036.

Según la Cancillería, la operación hace parte de una estrategia para robustecer la capacidad técnica de la Imprenta Nacional, que asumirá la personalización de las libretas desde el territorio colombiano. Para ello, recibirá asistencia tecnológica y operativa directa de Portugal, que incluirá capacitación, procedimientos, protocolos y transferencia de equipos especializados.

Durante los diez años del convenio, la Casa de la Moneda será responsable de fabricar las libretas, mientras se implementa un proceso progresivo de nacionalización que culminará en 2036 con la producción autónoma y soberana de los pasaportes por parte de la Imprenta Nacional.

En los documentos publicados en la plataforma del Secop se establece que la empresa portuguesa podrá subcontratar procesos y servicios para la expedición y distribución, sin restringir la participación de actores privados nacionales o internacionales.

El esquema de pagos se ajusta en euros: cada pasaporte tendrá un costo fijo de 17 euros, aunque el convenio deja abierta la posibilidad de revisión si la Tasa Representativa del Mercado Euro/COP varía más de un 10 % en un año.

El detalle del gasto proyectado en euros indica que en 2026 se invertirán 19,1 millones, en 2027 la cifra subirá a 25,5 millones y en 2028 se mantendrá en el mismo nivel. Los valores expresados en pesos colombianos oscilan entre los $82 mil millones y los $117 mil millones por año, según el comportamiento del tipo de cambio.

Este contrato se conoce en medio del proceso de transición entre el actual proveedor del servicio, Thomas Greg & Sons, y la nueva estructura impulsada desde la Cancillería. Mientras entra en vigor el acuerdo con Portugal, el Gobierno decidió prorrogar por siete meses más el contrato actual, garantizando la continuidad en la expedición de pasaportes.

El presidente Gustavo Petro ha sido reiterativo en su intención de apartar a empresas privadas del control sobre documentos oficiales como los pasaportes, señalando que se trata de una función estratégica del Estado. Con este convenio, el Gobierno busca consolidar su política de soberanía documental.