En un inusual gesto de autocrítica, ausente en las altas esferas políticas, el excanciller y actual precandidato presidencial, Luis Gilberto Murillo, reconoció públicamente la responsabilidad compartida del Estado frente a la crítica situación humanitaria y de seguridad que enfrenta el departamento del Chocó.

A través de su cuenta oficial en X, Murillo afirmó:

“Nadie que haya asumido funciones en el Chocó puede declararse ajeno a esa responsabilidad”.

En un contexto marcado por paros armados, confinamientos masivos, desplazamientos forzados y una alarmante presencia de minas antipersonal, el mensaje del canciller adquiere relevancia por el diagnóstico que ofrece, y por el tono inusualmente directo en que asume la falta histórica de resultados.

“Aunque muchos hemos sumado esfuerzos, debemos reconocer con honestidad que los resultados no han estado a la altura de la dignidad ni de las necesidades del pueblo chocoano”, expresó Murillo, originario de este departamento.

La declaración ocurre días después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtiera que el 80 % del territorio chocoano se encuentra minado, mientras que organizaciones como la Defensoría del Pueblo han emitido al menos 11 alertas tempranas desde 2022 sobre riesgos que incluyen reclutamiento forzado, bloqueos fluviales y control armado de rutas estratégicas por parte de grupos ilegales.

Murillo sostuvo que la solución no puede depender únicamente de gestiones locales y enfatizó la necesidad de una acción decidida del Estado central:

“La obligación de quienes servimos en lo público y en la sociedad civil es actuar con autocrítica y con salidas claras. (…) El Estado debe asumir su responsabilidad histórica”.

El pronunciamiento ha sido interpretado como una señal de alerta máxima en un momento en que la situación del Chocó comienza a escalar en la agenda nacional e internacional. Mientras tanto, las cifras humanitarias siguen en aumento. Más de 30.000 personas afectadas por los paros armados solo en 2025, y más de 11.000 desplazados, según la Defensoría del Pueblo.

La posición de Murillo contrasta con la tendencia usual de las altas esferas del Estado de responsabilizar exclusivamente a los actores armados. Su llamado a reconstruir la confianza en las instituciones y a colocar al Chocó como prioridad nacional, marca un tono que podría abrir un nuevo capítulo en la atención al conflicto que vive este departamento históricamente marginado.

Chocó, entre la desatención y la violencia

El departamento del Chocó enfrenta una de las crisis humanitarias más profundas del país. Según datos oficiales, en lo corrido de 2025 se han registrado al menos 54 eventos de confinamiento colectivo, la mayoría en comunidades afro e indígenas. El ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras ilegales mantienen presencia activa en más de 20 municipios, bloqueando el comercio fluvial, imponiendo controles armados y restringiendo la movilidad de poblaciones enteras.

Solo en este año, el departamento ha soportado tres paros armados consecutivos, con efectos devastadores sobre la economía local y la vida cotidiana de miles de familias. Estas acciones, impuestas por grupos ilegales, han paralizado el transporte de alimentos, cerrado escuelas y obligado a miles de personas a permanecer encerradas en sus casas durante días.

Pese a las múltiples alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo desde 2022 sobre reclutamiento de menores, minería ilegal y disputas territoriales, la respuesta estatal ha sido limitada. La política de paz total no ha logrado frenar la violencia, evidenciando que sin una presencia estatal integral y sostenida, los grupos armados mantienen su control y continúan impactando a las comunidades.

El pronunciamiento de Luis Gilberto Murillo destaca en este contexto como un llamado a la responsabilidad y la acción colectiva. Su reconocimiento público de las falencias estatales y la urgencia de una intervención decidida buscan abrir un espacio para que el Chocó deje de ser una zona de abandono y se convierta en una prioridad nacional en materia de seguridad, desarrollo y derechos humanos.