El Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció con contundencia este lunes 4 de agosto para descartar cualquier posibilidad de imponer impuestos o controles excesivos a las iglesias y comunidades religiosas del país.

Durante un encuentro interreligioso realizado en la sede del Ministerio del Interior, Benedetti se reunió con más de 30 líderes de diversas confesiones religiosas para dejar claro que el Ejecutivo no respalda el proyecto de Ley 057 de 2025, presentado por el senador Alberto Benavides del Pacto Histórico, que propone un régimen de inspección, vigilancia y control para las entidades religiosas legalmente registradas en Colombia.

“El Estado no puede ponerle impuestos a orar ni a reunirse en culto. Eso no puede pasar”, afirmó Benedetti. “La fe no es una concesión estatal, es un derecho fundamental”, agregó, insistiendo en que el rol del Gobierno no es supervisar ni intervenir en las creencias de los ciudadanos, sino garantizar que puedan ejercer su fe con libertad y sin obstáculos.

Aunque la iniciativa legislativa fue presentada por un congresista del mismo partido de gobierno, el ministro aclaró que no cuenta con respaldo institucional y anticipó que incluso podría ser retirada. En ese sentido, subrayó que ningún colombiano tendrá que pagar más impuestos ni cumplir requisitos adicionales por sostener una práctica religiosa.

“Este Ministerio no juzgará sus convicciones. Será guardián de su derecho a tenerlas. No dejaremos que la burocracia se vuelva obstáculo, ni que la diferencia doctrinal sea excusa para la desigualdad”, declaró el funcionario, comprometiéndose a ser un defensor de la libertad religiosa.

Finalmente, Benedetti destacó el papel que cumplen las comunidades de fe en el tejido social colombiano: “Los líderes religiosos son quienes conocen el hambre, el desamparo, y la dignidad de los colombianos trabajadores que impulsan el país. Su palabra alienta, su presencia consuela. Y eso no aparece en estadísticas, pero es esencial para que esta nación no se quiebre”.

Con estas declaraciones, el Gobierno Nacional pone fin a la controversia generada en torno a un eventual cobro de impuestos o regulación adicional sobre las iglesias, reafirmando su respeto por la libertad religiosa y descartando cualquier tipo de intervención estatal en la práctica de la fe.