La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con el objetivo de suspender la ejecución de la sentencia condenatoria dictada en su contra el pasado 1 de agosto por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. En esa decisión, la jueza Sandra Heredia le impuso 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal.

El recurso, interpuesto por su abogado Jaime Granados, solicita que se deje sin efecto el numeral cuarto del fallo, que ordena su captura y detención domiciliaria. En caso de que ya se haya hecho efectiva, pide que se restablezca de inmediato su libertad. Según la defensa, la decisión judicial vulnera derechos fundamentales del exmandatario, como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad personal.

«Solicitamos que se amparen estos derechos y se suspenda la ejecución de la sentencia mientras avanza el proceso de apelación», indicó Granados. La tutela fue radicada este lunes y busca obtener una medida provisional que detenga la detención domiciliaria antes de que el Tribunal resuelva la apelación anunciada para el 13 de agosto.

La jueza Heredia justificó la medida de detención inmediata argumentando que mantener a Uribe en libertad enviaría un mensaje de impunidad y rompería el principio de igualdad ante la ley. En el fallo se advierte que la detención es “necesaria para asegurar la preservación de la convivencia pacífica” y que tiene un efecto disuasivo ante posibles delitos futuros. También se señaló el riesgo de fuga, debido al alto perfil del condenado.

El tribunal desestimó la argumentación de la defensa, que destacaba la actitud colaborativa de Uribe durante el juicio. Aunque la jueza reconoció que el expresidente compareció de manera respetuosa, también afirmó que durante las etapas iniciales del proceso se presentaron maniobras dilatorias sistemáticas para evitar el desarrollo del juicio oral.

Frente a esto, la tutela afirma que tales afirmaciones son ambiguas y que no se detallaron las supuestas estrategias dilatorias. Para Granados, utilizar la posibilidad de alteraciones del orden público como argumento judicial es improcedente. “No se puede poner la libertad de Álvaro Uribe al servicio de la calma social, pues ello constituiría una instrumentalización inaceptable de la persona en un Estado Social de Derecho”, sostuvo.

La solicitud también cuestiona que la jueza haya introducido elementos de carácter social y político en la motivación del fallo. “Los jueces deben decidir conforme a la ley y la evidencia, no pensando en los mensajes sociales de sus providencias”, enfatizó la defensa.

Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si admite la tutela y si concede una medida cautelar mientras estudia el fondo del recurso. La decisión podría influir en la aplicación inmediata de la sentencia y en el desarrollo del proceso de apelación en curso.