La sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno en actuación penal ha desencadenado un terremoto político en Colombia.
La decisión, emitida el 1 de agosto por la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, también contempla una multa de más de 3.400 millones de pesos y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
Desde el Centro Democrático, partido fundado por Uribe, no tardaron en responder. Anunciaron movilizaciones para el próximo 7 de agosto, Día de la Independencia, en rechazo a lo que califican como una “persecución política” contra su líder. “Marcharemos por Álvaro Uribe Vélez, por la democracia y las libertades en Colombia”, expresaron en un comunicado.
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia fue una de las voces más críticas: “¿Empieza a materializarse un golpe político para sacarlo de la contienda electoral cuando su popularidad se dispara?”, cuestionó. También vinculó el caso con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, otro precandidato presidencial, afirmando que existe una intención clara de “sacar de la campaña” a figuras clave de la oposición.
Por su parte, María Fernanda Cabal, también aspirante a la Presidencia por el uribismo, calificó la condena como una “injusticia histórica”: “1.114 páginas para condenar a un inocente. El proceso de Kafka se queda corto”, escribió, aludiendo a la novela El Proceso.
El exmandatario Iván Duque anunció que un grupo de 28 expresidentes pertenecientes a las plataformas Libertad y Democracia e IDEA elevó una queja internacional. Señalan supuestas violaciones a derechos fundamentales durante el proceso, como interceptaciones sin orden judicial e irregularidades en la valoración de pruebas.
Fuerte polarización
Desde el sector conservador, las críticas a la justicia no cesan. Abelardo de la Espriella, abogado y precandidato, expresó: “12 años de cárcel para quien sacó a Colombia del abismo en 2002-2010. Cero años para narcotraficantes y violadores. La izquierda premia el mal y castiga el bien”.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció: “Y quienes hicieron parte de grupos terroristas, hoy están en la Presidencia y en el Congreso. Colombia al revés”, afirmó.
El otro lado del espectro político
Mientras tanto, desde sectores progresistas y de izquierda, la reacción ha sido de prudencia y respaldo al sistema judicial. El Polo Democrático y el partido MAIS enfatizaron la importancia de que la justicia actúe sin presiones, y reiteraron que ninguna persona está por encima de la ley.
El expresidente Uribe, por su parte, aseguró en un mensaje en redes sociales que ya trabaja en la sustentación de la apelación. Su defensa, liderada por el abogado Víctor Mosquera, denunció una “privación anticipada e injusta de libertad” y criticó a la jueza por actuar con “sesgo y exceso”.
La decisión judicial marca un momento histórico: es la primera vez que un expresidente colombiano es condenado en un proceso penal de esta magnitud. El fallo, que aún no está en firme y será apelado, profundiza la polarización y reconfigura el panorama político con miras a las elecciones presidenciales de 2026.
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