Una acción de tutela fue interpuesta ante el Palacio de Justicia contra la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) por la decisión de no votar la ponencia que buscaba formular cargos contra la campaña Petro Presidente. La tutela, presentada por el abogado José Gregorio Hernández Galindo, argumenta una presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso.

Según el documento, la tutela no busca forzar una decisión de fondo, sino que se permita votar la ponencia del magistrado Álvaro Hernán Prada, quien planteó formular cargos a raíz de presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro. Hernández Galindo insiste en que la dilación injustificada del trámite vulnera el derecho a una decisión en derecho, tanto para el investigado como para la ciudadanía.

La tutela fue presentada en medio del creciente debate por el futuro del expediente, que ha estado en manos del CNE desde 2022. Aunque el magistrado ponente ya presentó su informe, no ha sido posible avanzar en la discusión ni mucho menos en una votación que defina si se abre o no un proceso formal de formulación de cargos. De fondo, el debate ha adquirido una dimensión política, ya que podría derivar en sanciones o consecuencias jurídicas para la campaña presidencial del Pacto Histórico.

La Sala Plena del CNE está compuesta por nueve magistrados y para avanzar en un proceso de formulación de cargos se requieren al menos cinco votos. Sin embargo, en varias ocasiones los magistrados han decidido aplazar la discusión, lo que ha generado fuertes críticas de sectores que acusan una posible dilación estratégica.

Hernández Galindo, exmagistrado de la Corte Constitucional, señaló en su demanda que no puede permitirse que un órgano jurisdiccional “eluda la responsabilidad de pronunciarse”, máxime cuando existen derechos en juego. El jurista advirtió que el silencio institucional también puede constituir una forma de decisión y que, en casos como este, puede equivaler a una negación arbitraria de justicia.

El abogado también recordó que la campaña del hoy presidente Petro está siendo investigada por diferentes organismos de control, incluidos la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, además del propio CNE. Sin embargo, hasta el momento, no se ha producido ningún pronunciamiento sancionatorio de fondo sobre los presuntos excesos en los topes de financiación o los aportes no reportados.

En julio pasado, el magistrado Prada había advertido públicamente que existía un intento de archivar el expediente sin que se debatiera la ponencia que redactó durante meses. A su juicio, eso constituiría una maniobra para obstruir la función judicial del CNE y dejar en la impunidad una posible falta electoral de gravedad.

La tutela será evaluada por un juez constitucional que deberá determinar si el CNE, al aplazar reiteradamente la votación, incurrió en una omisión que afecte derechos fundamentales. En caso de ser admitida, podría ordenar a los magistrados que resuelvan de fondo la ponencia de manera inmediata.

El expediente, que ha estado bajo la lupa de la opinión pública desde las declaraciones de exfuncionarios de la campaña, podría reactivarse en medio de un ambiente político marcado por tensiones entre el Gobierno y los órganos de control.