Un grupo de 28 congresistas de distintas bancadas radicó este martes un proyecto de ley que busca imponer obligaciones jurídicas a las empresas que operan en Colombia para prevenir violaciones a los derechos humanos y responder legalmente en caso de que las cometan.

La propuesta, construida junto a organizaciones sociales como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), plantea un marco normativo vinculante para responsabilizar a las compañías por afectaciones a comunidades vulnerables.

Antes de la radicación, se llevó a cabo un acto simbólico en la Plaza de Bolívar, donde se representó una grieta atravesando las escalinatas del Capitolio Nacional, como metáfora de los impactos sociales y ambientales que han dejado algunas actuaciones empresariales en el país.

El proyecto contempla mecanismos que faciliten el acceso a la justicia por parte de las víctimas, y plantea, por ejemplo, que cuando las denuncias provengan de poblaciones reconocidas como sujetos de especial protección constitucional, se presumirá cierta su versión de los hechos.

Uno de los impulsores de la propuesta, el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico), aseguró que la iniciativa responde a dos contextos: uno internacional —en el que Colombia participa en la discusión de un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos en Ginebra—, y otro nacional, marcado por decisiones judiciales recientes en las que empresas han sido relacionadas con actores armados ilegales.

Uribe Muñoz mencionó el caso del reciente fallo del Juzgado Sexto Penal de Antioquia, que condenó a siete exdirectivos de una multinacional estadounidense y su filial en Colombia a 11 años de prisión por vínculos con el paramilitarismo. “Tenemos al menos 600 empresas investigadas. Algunas se beneficiaron de tierras despojadas a comunidades, otras han financiado grupos ilegales. Por eso es necesaria una ley nacional que imponga deberes claros y brinde garantías de verdad, justicia y reparación a las víctimas”, explicó.

La propuesta incluye principios generales, deberes para el Estado y las empresas —ya sean transnacionales, nacionales o de economía mixta—, así como derechos específicos para las comunidades afectadas.

Desde el Cajar, la abogada Rosa María Mateus indicó que el proyecto surge de un proceso de escucha con comunidades afectadas por prácticas empresariales a lo largo de casi un siglo. Casos históricos como la masacre de las bananeras de 1928, el despojo de tierras para megaproyectos y la represión de movimientos sindicales sirvieron de base para la iniciativa. “Pese a que hay sentencias a favor de las víctimas, muchas comunidades siguen sin ver cambios en su realidad. Las empresas no están siendo reguladas con la rigurosidad que exige el respeto a los derechos humanos”, afirmó.

Mateus también cuestionó el rechazo que ha generado la propuesta en algunos sectores: “La sociedad no quiere una empresa que no se deje regular. Es incomprensible el temor frente a normas que buscan ordenar el país y cumplir estándares internacionales”.

Además del proyecto legislativo, Uribe Muñoz anticipó que el Gobierno Nacional trabaja en un decreto que articulará a las entidades del poder Ejecutivo para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de las empresas. “El objetivo no es impedir que las compañías hagan negocios, sino garantizar que lo hagan respetando los derechos laborales, ambientales y sociales”, concluyó.