Por primera vez, un expresidente de la República fue condenado por la justicia ordinaria. Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

La sentencia fue dictada por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien consideró que la evidencia reunida durante el proceso judicial era suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del exmandatario.

El fallo, contenido en una sentencia de 1.114 páginas, impone además una multa de 2.425 décimos de salario mínimo legal mensual vigente —equivalentes a más de 2.400 millones de pesos— y una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por un periodo de 100 meses y 20 días.

Aunque la audiencia pública para la lectura oficial de la sentencia estaba programada para las 2:00 p.m. del mismo viernes, el documento fue filtrado horas antes y divulgado por varios medios de comunicación. En él se detalla que Uribe fue hallado culpable como “determinador penalmente responsable del delito de soborno en actuación penal en concurso homogéneo en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo”, dentro del proceso que investigaba la supuesta manipulación de testigos para desviar investigaciones sobre vínculos con grupos paramilitares.

La jueza Heredia también resolvió absolverlo de otras acusaciones, entre ellas el delito de soborno simple relacionado con el caso de la exfiscal Hilda Niño Farfán y del fraude procesal en el expediente vinculado a Harlington Mosquera, conocido como el caso “Pacho Cundinamarca”.

En cuanto al cumplimiento de la pena, se le otorgó el subrogado penal de prisión domiciliaria, medida contemplada en el artículo 38B del Código Penal colombiano. Para que esta se haga efectiva, el expresidente deberá presentar una caución equivalente a cuatro salarios mínimos legales mensuales y suscribir un acta de compromiso ante las autoridades judiciales de Rionegro, Antioquia, ciudad donde reside.

El anuncio de la condena generó un inmediato impacto político y jurídico. Sectores afines al expresidente calificaron el fallo como injusto, mientras que otras voces lo consideraron un avance en la lucha contra la impunidad. Por su parte, el propio Uribe reaccionó en redes sociales afirmando, “Estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material».

La sentencia fue notificada en estrados y contra ella procede recurso de apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Según fuentes cercanas al caso, será el propio Uribe quien sustente la apelación en los próximos días, con el objetivo de revocar la decisión judicial. En caso de ser admitida, la ejecución de la pena podría quedar suspendida mientras se resuelve el recurso.

El caso contra el expresidente se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia determinó que no hubo delito por parte de Cepeda y que, por el contrario, quien habría incurrido en la manipulación fue Uribe, a través de terceros. Desde entonces, el proceso ha atravesado distintas etapas, incluida la renuncia de Uribe al Senado en 2020 y su paso de la Corte Suprema a la Fiscalía General.

Con esta decisión, la justicia colombiana sienta un precedente histórico que marca el rumbo de los procesos penales contra figuras de alto poder político. Mientras tanto, la atención del país está centrada en el curso de la apelación, que definirá si la condena se mantiene o se revierte en segunda instancia.