El presidente Gustavo Petro expresó su rechazo a las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos al juez brasileño Alexandre de Moraes, quien lidera procesos judiciales contra el expresidente Jair Bolsonaro.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario colombiano aseguró que esta medida viola tratados internacionales suscritos por los países del continente, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y pidió que sea demandada internacionalmente.

“Las sanciones impuestas al juez Alexandre de Moraes rompen la Convención Americana de Derechos Humanos. Invito a los mejores juristas de América Latina a redactar la demanda respectiva”, escribió Petro, al tiempo que cuestionó si Estados Unidos está dispuesto a incumplir unilateralmente el acuerdo firmado por casi todos los países del hemisferio.

La reacción del mandatario se dio luego de que el Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones contra De Moraes, acusándolo de “autorizar detenciones arbitrarias” y liderar una supuesta campaña de “censura” y “procesos judiciales politizados”, principalmente en el marco de las investigaciones sobre el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil.

Según Washington, el magistrado habría ordenado medidas como la prisión preventiva de simpatizantes de Bolsonaro, restricciones al uso de redes sociales e incluso el bloqueo de cuentas de críticos del gobierno brasileño, incluidos ciudadanos estadounidenses. Como parte de las sanciones, se ordenó el bloqueo de todos los activos del juez en territorio estadounidense y se prohibió a ciudadanos o empresas del país hacer transacciones con él.

Además, el pasado 18 de julio, EE. UU. revocó la visa de De Moraes y de su familia, acusándolo de violar derechos fundamentales. “Que esto sirva de advertencia a quienes pisoteen los derechos fundamentales de sus compatriotas: la toga judicial no los protege”, advirtió Marco Rubio, secretario de Estado, en respaldo a la decisión.

Petro, sin embargo, señaló que tales medidas constituyen una amenaza al sistema interamericano de derechos humanos, ya que se castiga a un magistrado por decisiones judiciales adoptadas en el ejercicio de su función. El presidente colombiano insistió en que sancionar a un juez por dictar medidas en un proceso penal es una forma de presión que pone en riesgo la independencia judicial en el continente.

La Ley Magnitsky, en la que se basa la decisión de EE. UU., permite sancionar a personas extranjeras por violaciones a los derechos humanos o actos de corrupción. Sin embargo, Petro alertó sobre el uso político de esta herramienta, especialmente en un momento de creciente polarización tanto en Brasil como en Colombia.

El caso ha generado controversia en la región, especialmente tras la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe en Colombia. En ese contexto, algunas figuras políticas en EE. UU. han manifestado preocupación por posibles motivaciones políticas en decisiones judiciales en países latinoamericanos, y han sugerido imponer sanciones similares en otros casos.

La declaración de Petro se suma a otras voces en América Latina que ven con preocupación las implicaciones de sancionar jueces por sus actuaciones judiciales. Para el mandatario colombiano, se trata de un precedente peligroso que debilita el sistema interamericano y expone a los países de la región a presiones externas en asuntos judiciales internos.