El senador Iván Cepeda, junto a abogados del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), la médica Deyanira Gómez y otros defensores de derechos humanos, enviaron una comunicación urgente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que denuncian presuntas presiones externas en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La carta fue remitida a Margaret Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU, y a Roberta Clarke, relatora sobre personas defensoras y operadoras de justicia de la CIDH. En ella advierten sobre lo que califican como una “injerencia directa” por parte de autoridades y legisladores del gobierno de Estados Unidos que, según indican, amenaza la independencia judicial y el equilibrio institucional en Colombia.

El documento fue firmado por Iván Cepeda, los abogados Reinaldo Villalba y Miguel Ángel del Río, la testigo Deyanira Gómez, y los representantes del CAJAR, Rafael Barrios y Alejandra Escobar. Todos ellos fueron reconocidos como víctimas dentro del caso penal contra Uribe, quien fue condenado el lunes 28 de julio por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Según los firmantes, la audiencia de lectura de fallo —llevada a cabo por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Liliana Heredia— tuvo lugar en un “contexto de alta presión mediática y política” y fue seguida por ataques y señalamientos contra la magistrada. Aseguran que dichas presiones provienen “tanto de actores nacionales como internacionales”, y advierten que se ha puesto en riesgo la vida y la integridad física de la jueza.

Además, señalan que luego de conocerse la sentencia, varios funcionarios y congresistas estadounidenses —en especial miembros del Partido Republicano— han expresado respaldo a Uribe. En el documento no se mencionan nombres específicos, pero en días recientes, el senador Marco Rubio, cercano a círculos del expresidente colombiano, manifestó su inconformidad con el fallo judicial, generando preocupación en sectores del gobierno colombiano.

“La justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a la soberanía y a las garantías constitucionales”, expresó Cepeda en sus redes sociales al divulgar la carta.

Los firmantes pidieron una “intervención urgente” de las relatorías para proteger la integridad de los jueces que conocen el caso, garantizar condiciones de independencia en la segunda instancia y prevenir que cualquier tipo de presión altere el curso del proceso judicial. Según la normatividad vigente, la apelación de la defensa de Uribe deberá resolverse antes del 15 de octubre, fecha límite para evitar que el proceso se archive por vencimiento de términos.

Actualmente, el caso está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, aunque también se contempla que, eventualmente, pueda llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Por ahora, los representantes de las víctimas insisten en que cualquier presión internacional representa una amenaza al Estado de Derecho y podría sentar un grave precedente en la relación entre justicia y política en Colombia.