Ante el estancamiento del proyecto de ley en el Congreso, el Gobierno nacional decidió implementar de forma directa y por vía reglamentaria una de las piezas centrales de la reforma a la salud. Lo hizo mediante el Decreto 0858 de 2025, con el cual el Ministerio de Salud adopta oficialmente el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, convirtiéndolo en política pública de obligatorio cumplimiento a nivel nacional.

Esta movida representa un giro estratégico del Ejecutivo, que ante la falta de consensos legislativos recurre a herramientas jurídicas vigentes para reorganizar el sistema de salud desde adentro, sin necesidad de una ley nueva. El decreto no elimina las EPS, pero redefine su rol dentro de una arquitectura que prioriza la atención primaria y la prevención, en lugar del tratamiento de enfermedades una vez avanzadas.

El modelo busca garantizar el derecho fundamental a la salud a través de una atención anticipada, territorializada y centrada en el bienestar de las comunidades. Para ello, el Ministerio de Salud asume un papel rector, coordinando la implementación del modelo junto con las entidades territoriales, EPS, IPS y actores comunitarios.

Uno de los principales cambios es la creación de las Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (RIITS), que articularán prestadores públicos, privados y mixtos en torno a las necesidades de cada región. Estas redes tendrán dos niveles: uno primario (con los Centros de Atención Primaria en Salud, CAPS) y otro complementario (servicios de mayor complejidad).

Los CAPS se constituyen como la puerta de entrada al sistema. Desde allí, los Equipos de Salud Territorial —formados por médicos, enfermeros, trabajadores sociales y otros profesionales— harán presencia permanente en los territorios, llevando la atención directamente a los hogares. Su misión será atender de forma longitudinal a las familias, con énfasis en prevención, diagnóstico temprano y seguimiento continuo.

Aunque las EPS no desaparecen, pasan a convertirse en “gestoras de salud”. Su papel se redefine para coordinar el acceso de sus afiliados a los servicios, integrándose a las RIITS y articulándose con los CAPS y autoridades locales. Deberán garantizar la continuidad del cuidado, participar en la planeación territorial y contribuir con acciones de prevención y promoción. También tendrán responsabilidades en el proceso de referencia y contrarreferencia entre niveles de atención.

Otro eje clave es el fortalecimiento del primer nivel de atención, especialmente en zonas rurales, apartadas o dispersas. El decreto ordena inversiones en infraestructura, dotación tecnológica y formalización laboral del talento humano en salud, priorizando la rentabilidad social por encima de criterios financieros.

En cuanto a la financiación, el modelo se sostendrá con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el Presupuesto General de la Nación, regalías, fondos territoriales y cooperación internacional. Estos recursos serán asignados bajo criterios territoriales, teniendo en cuenta factores sociales, culturales, ambientales y epidemiológicos de cada región.

La participación ciudadana es otro componente fundamental. Se fortalecen los Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud, los Comités de Participación Comunitaria en Salud (COPACOS), y otros espacios comunitarios para que la ciudadanía pueda ejercer control social, hacer seguimiento y proponer mejoras.

También se prevé una mayor integración entre aseguramiento, prestación y salud pública, con uso de datos e información predictiva para anticipar enfermedades y tomar decisiones basadas en evidencia. La interoperabilidad de sistemas, el acceso a información en tiempo real y la gestión del conocimiento son parte del nuevo enfoque.

El decreto establece un plazo de entre tres y seis meses para que el Ministerio reglamente aspectos técnicos y operativos del modelo, incluyendo la habilitación de las RIITS, los lineamientos para los CAPS y la articulación con las Administradoras de Riesgos Laborales.

En términos prácticos, la medida pone en marcha una reforma sustancial al modelo de salud colombiano, sin necesidad de esperar a que el Congreso apruebe la ley. Aunque no desmantela el sistema actual, sí transforma su lógica y sus prioridades, privilegiando una atención cercana, equitativa y preventiva.