La juez 66 Penal Municipal de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra César Manrique Soacha, exdirector de Función Pública, y otras siete personas involucradas en el caso de corrupción que compromete recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Además, se ordenó su captura inmediata.

Según la Fiscalía, Manrique facilitó el traslado irregular de $100.000 millones desde un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo. A cambio, habría exigido que los contratos derivados fueran adjudicados a personas previamente definidas. Entre los contratos están los relacionados con carrotanques, plantas desalinizadoras y pozos de agua para comunidades de La Guajira.

Uno de los contratos más cuestionados fue el firmado en octubre de 2023 con la Corporación Mixta Yapurutú por $29.000 millones para suministrar carrotanques. La Fiscalía halló sobrecostos por $13.164 millones. De ese monto, al menos $3.000 millones habrían terminado en manos de Manrique, mientras que otros $2.060 millones fueron para Édgar Riveros Rey y $6.380 millones para directivos de Yapurutú.

Los implicados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, interés indebido en contratos, lavado de activos y falsedad documental. Junto a Manrique, también fueron privados de la libertad: Riveros Rey, su hija Ana María Riveros, su cuñada Sonia Romero (excontratista de la UNGRD), Édgar Echeverri y Francisco Estupiñán (directivos de Yapurutú), el asesor Jorge Aristizábal y el contratista Óscar Cárdenas.

Este nuevo capítulo del caso UNGRD profundiza la crisis institucional generada por el mal manejo de recursos públicos destinados a comunidades vulnerables.